La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó este martes la extensión solicitada por la administración de Pedro Pierluisi al plazo de entrega de una versión revisada del presupuesto con cargo al fondo general para el año fiscal 2024-2025, luego de que la semana pasada el organismo identificara decenas de “violaciones” en la propuesta inicial del gobierno electo.

En una carta divulgada en horas de la tarde, la JSF concedió hasta las 5:00 p.m. del viernes para recibir el presupuesto con las correcciones.

Originalmente, según la “notificación de violaciones” enviada al primer ejecutivo la semana pasada, el gobierno tenía hasta hoy, martes, para devolver una versión actualizada del presupuesto, que ascenderá a $13,062 millones, el monto más elevado en la historia.

A pesar de que ambas partes coinciden en el monto global del presupuesto, la JSF argumentó en su comunicación que el gobierno no había justificado una serie de peticiones de fondos, entre las que se encuentran partidas que se destinarían a la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), los municipios y políticas claves de la actual administración, como el Plan de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia y la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (Idear).

El Nuevo Día solicitó una entrevista con el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, pero se indicó que el funcionario tenía una agenda cargada de reuniones a lo largo del día.

La JSF, a su vez, tenía programado celebrar una reunión pública virtual en horas de la mañana, pero en la noche del lunes notificó que se pospondría hasta el 5 de junio, cuando se prevé aprobar la revisión anual del plan fiscal certificado del gobierno central.

“Se decidió, para maximizar recursos, hacerlo en junio 5″, se limitó a decir la oficial de prensa de la JSF Sylvette Santiago.

En lo referente al trámite presupuestario, la JSF dispuso en la carta del martes que, el mismo 5 de junio, el ente remitirá al gobernador y la Legislatura un presupuesto “en cumplimiento”. Para el 14 de junio, la Asamblea Legislativa sometería su versión a la JSF que, a su vez, notificaría las violaciones el 21 de ese mes.

En respuesta a esa notificación, la Legislatura presentaría un presupuesto revisado el 26 de junio y la JSF certificaría el proyecto de gastos para el 30 de junio, último día del año fiscal corriente.

Diferencias sustanciales

Entre las principales diferencias que la JSF incluyó en su listado de objeciones, figuraron las partidas asignadas a la UPR ($102 millones), para eximir a los municipios de la aportación al Plan Vital ($80 millones) y a la CEE ($9.2 millones).

Sobre esta última discrepancia, las comisionadas electorales del Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático, Vanessa Santo Domingo y Karla Angleró, respectivamente, advirtieron que colocaría en riesgo las operaciones de la CEE en pleno año electoral, incluyendo funciones como la compra de equipo y reclutamiento de empleados transitorios.

Mientras, en el caso de Idear, el proyecto promovido por el gobierno federal para descentralizar la administración del Departamento de Educación, el gobierno solicitó $21 millones, al tiempo que, para implementar el Plan de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia, se pidieron $20 millones.

La JSF ubicó ambas peticiones bajo el renglón de solicitudes “denegadas por incumplimiento”.

“No se proveyó información adecuada para respaldar esta solicitud, incluyendo el objetivo, plan de negocios y asignación específica de los fondos solicitados para garantizar que todos los componentes de esta iniciativa social puedan implementarse”, expresó el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, en relación con la iniciativa para atajar los niveles de violencia en el país.

Fuente: El Nuevo Día