El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero Díaz, confirmó que no fue hasta que la Junta de Control Fiscal (JCF) presentó la cuarta versión enmendada del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que el gobierno de Puerto Rico tuvo noción de los aumentos al cargo heredado por medio del cual se pretende sufragar el pago a acreedores de la corporación pública.

“Tengo que reconocer que ese Plan de Ajuste, tal y como fue radicado, no fue compartido con nosotros. Ahora se está evaluando y nos reservamos el derecho durante el proceso a defender nuestra posición”, admitió el funcionario a EL VOCERO.

Agregó que el ente federal solo adelantó que había alcanzado un acuerdo con el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados de la AEE y que esto implicaría un aumento en la compensación.

La nueva versión del PAD presentada el pasado 29 de diciembre por la JCF plantea incrementos al componente volumétrico -basado en la cantidad de consumo- del cargo heredado para los clientes residenciales, comerciales, industriales y de gobierno.

El también secretario del Departamento de Estado afirmó que, independientemente del porciento final de las obligaciones financieras de la AEE que tendrán que ser sufragadas por sus clientes por medio del pago del cargo heredado, será el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) quien tendrá la responsabilidad de establecer el cambio en la tarifa.

“El propio Plan de Ajuste que ellos (JCF) radican reconoce que el Negociado puede alterar la estructura que ellos presentan siempre y cuando lo haga de una manera económicamente neutral”, agregó Marrero Díaz.

Explicó que estos cambios deben viabilizar la obtención de ingresos necesarios para el pago exigido por el PAD en caso de que sea confirmado por la jueza federal Laura Taylor Swain durante la vista de confirmación, pautadas para el periodo del 4 al 15 de marzo.

Leve modificación al itinerario

Por otro lado, la junta fiscal presentó ante el tribunal una moción conjunta con el grupo de acreedores no asegurados representados por GoldenTree Asset Management y Syncora Guarantee Inc, junto a otras partes con interés en el proceso de quiebra como la aseguradora de bonos Assured Guaranty Corp, el nuevo grupo de bonistas Ad Hoc y la U.S. Bank National Association para proponer unos cambios leves al itinerario de litigación del caso de la reestructuración de la deuda de la AEE a raíz de la modificaciones al PAD tras el acuerdo con el Comité de Acreedores no Asegurados.

Las modificaciones propuestas consisten en mover la fecha límite del descubrimiento de deposiciones de expertos del 22 al 26, posponer el último día para las objeciones al PAD del 26 al 30 de enero y subsiguientemente posponer hasta el 16 de febrero el término para las respuestas a estas discrepancias.

Se indicó que tanto el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) respondieron que “consentían a la extensión”, mientras que los prestamistas de línea de combustible de la AEE no se oponen al cambio.

Por su parte, Marrero Díaz recordó que “es imperativo que la reestructuración de la autoridad se finiquite lo más pronto posible”, ya que “nada se puede transformar mientras permanecemos en este proceso”.

“Es el mejor interés del pueblo de Puerto Rico, de los abonados y para la economía que esto se finiquite lo más pronto posible”, insistió el directivo de Aafaf.

Marrero Díaz mencionó que la única parte que no se beneficia de una pronta resolución a la quiebra de la AEE son los bonistas que insisten en que el gobierno central puede aportar para que ellos obtengan una mejor recuperación.

“Aquí nunca se le hizo una promesa (a los bonistas) de que el gobierno central iba a rescatar a la Autoridad. Ellos están buscando la forma de alargar el proceso para tener mayor tiempo para hacer su argumento de que merecen una recuperación mayor”, advirtió.

Fuente: El Vocero

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