La administración central de la Universidad de Puerto Rico (UPR) está lista para desarrollar una nueva residencia de estudiantes en Humacao, pero el proceso de revisión de contratos impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha impedido comenzar las obras, y para algunos funcionarios universitarios, incluso, amenaza el uso a tiempo de fondos federales en proyectos posdesastres.

Las dificultades causadas por la Política de Revisión de Contratos de la JSF en el desarrollo de obras en la UPR fue materia de discusión durante la reunión ordinaria más reciente de la Junta de Gobierno de la institución, el 25 de mayo.

Durante ese encuentro, algunos miembros de la Junta de Gobierno de la UPR cuestionaron que la JSF brinde un trato desigual, al revisar todo contrato de la Universidad que supere los $2 millones, mientras que, para otras instrumentalidades públicas, el monto que activa su intervención es de $10 millones.

“El trato de la JSF hacia la UPR debe ser igual que hacia las otras instrumentalidades y agencias públicas. Si otras agencias se les permite hasta $10 millones, entendemos que a la UPR se le debe tratar igual”, subrayó ayer el presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, en declaraciones escritas.

Durante el encuentro hace dos semanas, algunos integrantes de la Junta de Gobierno de la UPR reclamaron acción al presidente de ese organismo, Ricardo Dalmau. “Un tope de $2 millones al nivel de recuperación que se encuentra la Universidad es atropellarnos todos los procesos”, dijo, entonces, la doctora Margarita Villamil, secretaria y representante claustral.

La JSF, por su parte, defendió sus parámetros de revisión, aunque no precisó a este medio por qué el límite impuesto a los contratos de la UPR es distinto. “La Junta de Supervisión, a su discreción, revisa ciertos contratos de conformidad con PROMESA y la Política de Revisión de Contratos de la Junta de Supervisión para asegurarse de que promueven la competencia en el mercado y son consistentes con el Plan Fiscal. Para la UPR, el umbral de revisión de contratos es de $2 millones”, se limitó a decir el ente fiscal por escrito.

La referida Política de Revisión de Contratos dispone, de manera expresa, que la JSF “seleccionará, al azar o de otro modo en su discreción exclusiva, contratos por debajo del umbral de $10 millones”.

En la reunión de la Junta de Gobierno de la UPR, también se señaló que la JSF toma demasiado tiempo en responder las aprobaciones, lo cual, argumentaron, retrasa los procesos y dificulta el uso de fondos federales, si se toma en cuenta que se trata de asignaciones por reembolso que tienen una fecha de expiración para su uso.

En el caso de la residencia de la UPR en Humacao -que fue discutido durante el encuentro de la Junta de Gobierno-, el proyecto se sometió a la JSF el 2 de mayo, pero, al cierre de esta edición el domingo, no había una determinación final del ente fiscal. “Ellos nos hicieron una serie de preguntas, todas se contestaron el mismo día. La última comunicación fue el 23 de mayo. No hemos tenido más información”, indicó Julio Collazo, director de la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura de la UPR, a El Nuevo Día.

Collazo abundó que las dificultades que han enfrentado con la JSF no solo responden a asuntos sobre el monto de los contratos. “Tenemos pendiente la extensión de un contrato de construcción que no tiene costo, es simplemente extender el tiempo, enviado el 10 de mayo para el edificio Monzón en el Recinto Universitario de Mayagüez”, indicó Collazo.

El proyecto en la UPR en Humacao podría albergar 42 estudiantes, en momentos en que el acceso a vivienda u hospedaje es una problemática reconocida en la isla. El costo es de $8.3 millones.

Algo similar ocurrió con la construcción de CRECI en Ponce, un centro de servicios de rehabilitación y servicios integrados dirigidos principalmente a niños que estará adscrito a la UPR en Ponce, pero en el que también participará el Recinto de Ciencias Médicas. Esa obra -a un costo de $3.3 millones- fue sometida a la JSF el 1 de mayo, y la respuesta no fue recibida hasta el miércoles, 31 de mayo.

“Las viviendas estudiantiles es uno de los asuntos más importantes de la agenda del presidente (Ferrao)”, subrayó Collazo. Además de la vivienda estudiantil de Humacao, los otros dos proyectos prioritarios son ResiCampus y Torre Norte en el Recinto de Río Piedras de la UPR.

En el caso de ResiCampus, la restauración y remodelación del edificio está pautada para iniciar entre julio y agosto, a un costo de $20 millones, y albergará 244 estudiantes. En cambio, el proyecto de Torre Norte se encuentra aún en fase de diseño y se espera que vaya a subasta en agosto, a un costo de $30.8 millones, la mayoría en fondos federales mediante reembolso que vencen en 2024.

La UPR inició en diciembre de manera oficial los proyectos de reconstrucción permanente con fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) por los daños causados por el huracán María en septiembre de 2017 y los terremotos de enero de 2020.

La Junta de Supervisión negó, en tanto, que sus revisiones dificulten los procesos y pongan en riesgo fondos federales para la UPR. “Por lo general, la Junta de Supervisión emite una determinación en un término de siete días laborables. El proceso de revisión de contratos, un elemento esencial de la responsabilidad fiscal y de la contratación adecuada, no dilata ni pone en peligro los fondos federales”, enfatizó.

Fuente: El Nuevo Día

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