Después de la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) por la jueza de quiebra Laura Taylor Swain, la Junta de Supervisión Fiscal, la agenda del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, tiene marcada la fecha del martes, 15 de marzo.

Y es que, a partir de esa fecha, el gobierno tendrá que emitir el pago a los bonistas que emitieron su voto a favor del Plan de Ajuste, formalizar los bonos del acuerdo y establecer las cuentas de aportación definida que acumularán la aportación de los empleados públicos para su retiro.

“Lo que nos llevó a este objetivo principal fue reestructurar la deuda.  Pero, en cuanto a la confirmación que ocurrió el 18 de enero, con la jueza Swain, nos estamos concentrando en gobierno central. Cuando hablamos del gobierno central, toda la deuda, todas las reclamaciones y todas las obligaciones del gobierno central totalizaban 34 mil millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad significativa”, dijo el funcionario a Microjuris.

La decisión de la jueza busca proteger las pensiones de los servidores públicos, así como recortar $21,000 millones en obligaciones generales y abaratar millones de dólares en deuda con suplidores y contratistas gubernamentales, según la jueza.

“El 80% de la deuda fiscal se reduce, esto incluye las obligaciones generales, los bonos de los edificios públicos, los bonos del sistema de retiro, los bonos de sistema de retiro, los bonos de otras entidades que también nos garantizaba el gobierno central como también los acreedores no garantizados. Así que toda esa deuda se reduce en un 80%. Se reduce el servicio de la deuda. Es distinto a la deuda porque esto básicamente se refiere al pago anual. Hay una reducción de servicio a la deuda por pago anual de 73%”, agregó Marrero.

¿Cuál es el proceso?

Ahora que el gobierno cuenta con la autorización del PAD por parte de la jueza, Marrero explicó que se comienza a establecer un cierre, el cual es como cualquier otro de emisión de duda. La única diferencia es que no tienes un banco de interés.

“Ahora tenemos la autorización por parte de la jueza. Ahora vamos al cierre, esto sucede como cualquier otro cierre de emisión de duda. Lo único es que no tienes un banco de inversión que tienes que buscar los compradores porque ya básicamente tienes a los tenedores de los bonos, que van a ser los que intercambien las notas por unos bonos reestructurados. El proceso es complejo por la cantidad de pasos que tenemos que hacer”, sentenció Marrero.

Marrero, además, explicó que ahora tendrán que crear y cerrar cuentas como parte del Plan de Retiro y se deberá realizar unos pagos a los acreedores como parte cierre.

“De aquí al cierre tenemos que establecer las cuentas de los empleados que se crean cuentas en el Plan de Retiro a los cuales tenemos que transferirle a cada cuenta de esos empleados que se les falló. También tenemos que hacerle unos pagos a los acreedores como parte del cierre, eso totaliza 7 mil millones de dólares. De igual forma, se están haciendo las trasferencias necesarias para rescatar el efectivo que está en otras agencias para poder hacer los pagos correspondientes. Se tiene que hacer la programación en el Departamento de Hacienda para hacer estas transferencias. Se tiene que coordinar la administración de Retiro porque por un lado se tiene que crear una cuenta para hacer unas transferencias, pero por otro lado se tienen que cerrar y básicamente se hace el cierre bajo el sistema anterior para los maestros y los jueces. Así que todo eso se ha estado trabajando durante las últimas dos semanas”, comentó.

¿Cuáles son las agencias que estarán trabajando en equipo?

El esfuerzo requiere la participación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda y la Administración de Sistemas de Retiro, dijo Marrero.

“Estamos estimando que al finalizar el proceso de reestructuración Puerto Rico tendrá 50% menos de duda de lo que tenía al momento de entrar en el proceso de reestructuración. Definitivamente eso no es poca monta. Es una cuantía significativa que se logra a través del proceso provisto por PROMESA, tanto como en el Capítulo 3, y otra a través del Capítulo 6, que es un proceso más voluntario con los acreedores, esa es nuestra meta a través del proceso de quiebra. Esto le pone punto final al proceso de reestructuración de Puerto Rico porque nos permite enfocarnos en el desarrollo económico…”, agregó.

Explicó el gobierno de Puerto Rico emitirá bonos nuevos de obligaciones generales como parte del Plan de Ajuste, y dos distintas emisiones de Instrumentos de Valor Contingente, también conocido como un CVI. Este instrumento permite que el gobierno solo pague si hay un crecimiento económico y se superen las proyecciones del Plan Fiscal Certificado sobre  el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

“Nosotros logramos esta reducción considerable de la deuda gracias a que se utilizó un mecanismo que es un mecanismo de instrumento de valor contingente es una forma, ya que nosotros insistíamos que la incertidumbre era tal que no me permitía a mí amararme a un servicio de la deuda más alto, que nosotros accedimos proveer un pago en caso de que las proyecciones o el resultado financiero sea mejor a las proyecciones del plan certificado. Se les da un pago adicional a los acreedores, pero a la misma manera entra recursos adicionales al fondo general por ese desempeño. Y, eso es bien importante porque de sea manera mitigamos el riesgo de hacer un pago en un periodo en donde no tengamos los recursos”, informó.

Aprueba modificar de la deuda de AFI

Por otro lado, Taylor Swain aprobó el viernes las propuestas de la Junta de Supervisión Fiscal para las modificaciones elegibles de $1,900 millones de los bonos de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura del Gobierno de Puerto Rico (AFI) y de $384 millones de los bonos de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (ADCC), de conformidad con el Título VI de la Ley PROMESA.

“Los bonistas de la AFI y de la ADCC tenían ciertas reclamaciones de devolución contra el Gobierno por los fondos históricamente asignados de forma condicional a la AFI y a la ADCC. Las modificaciones de la deuda aprobadas hoy reflejan el acuerdo al que llegaron los bonistas de la ADCC y de la AFI con la Junta de Supervisión para resolver sus reclamaciones de devolución en el Plan de Ajuste del Gobierno que el tribunal confirmó el 18 de enero de 2022; asimismo, finaliza los términos de la reestructuración de las deudas de los bonos de la AFI y de la ADCC”, expresó el fiscal federal en declaraciones escritas.

Fuente: Microjuris al Día

‍