Aunque el proceso de negociación entre el grupo Adhoc de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Junta de Control Fiscal (JCF) es uno de los argumentos que convenció a la jueza Laura Taylor Swain de extender, hasta el 8 de diciembre, el periodo para entregar un Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) preliminar, ambas partes se encuentran en proceso de litigio.

El pasado viernes, el ente fiscal presentó una moción en el pleito legal que enfrenta en contra del grupo Adhoc y otros acreedores —como la aseguradora de bonos municipales Assured Guaranty y las aseguradoras Syncora Guarantee y National Public Finance Guaranty— en la que se opuso al descubrimiento de prueba como parte de una solicitud de dictamen sumariado.

Mociones encontradas

La abogada Margaret A. Dale, quien es parte del equipo legal de la junta fiscal, indicó que el pedido debe ser denegado debido a que “el caso involucra la interpretación de un contrato ambiguo”, al tiempo que no han podido presentar un argumento que se pueda sustentar con la prueba que buscan.

“El argumento es que no hay cuestionamientos genuinos de los hechos materiales únicamente si ellos ganan (el caso). Sin embargo, si se equivocan sobre la interpretación que ofrecieron del Acuerdo de Confianza y la corte es persuadida por los méritos de la moción de la junta fiscal, entonces ellos de alguna manera necesitan el descubrimiento (de prueba) para probar que la interpretación de la junta fiscal está equivocada”, aseveró Dale en su planteamiento preliminar.

Como parte de los argumentos, la licenciada sostuvo que al solicitar el dictamen sumariado —para el cual una de las partes tiene que demostrar a la corte que no existe disputa genuina de hechos materiales y que tiene derecho a juicio como cuestión de derecho— el grupo Adhoc y otros acreedores se contradicen.

“Su postura es fundamentalmente impropia. En vez de argumentar que el descubrimiento de prueba es necesario para oponerse a la moción de la junta fiscal, buscan el mismo como una contingencia ante un posible fallo adverso”, agregó Dale, quien instó a la jueza Swain a “no jugar el juego de ellos”.

Colaboran en mediación

A pesar de estos señalamientos, el equipo de mediación designado por la corte a los trabajos del proceso de quiebra de la AEE bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) dejó entrever a la jueza Swain que las partes estarían colaborando estrechamente durante los próximos días para alcanzar un acuerdo.

La prórroga para la entrega del Plan de Ajuste estuvo sujeta a que tanto la junta fiscal como el grupo Adhoc de bonistas cumpliera con una serie de requisitos acordados entre las partes —como la entrega utilizada por la junta para definir sus posturas en la negociación— y que el ente fiscal pusiera sus expertos a disposición, para que puedan contestar cualquier duda que surja durante la evaluación del contenido.

Estos requisitos, recalcó el equipo compuesto por los jueces de quiebras Robert Drain y Brendan L. Shannon, y la jueza Shelley C. Chapman, responden a que, a pesar de “reclamos razonables” por parte del grupo Adhoc, la junta no ha provisto información esencial y una serie de estudios relevantes a la negociación.

Swain catalogó de “razonable” la solicitud de los jueces, porque la “extensión es necesaria para el intercambio y evaluación de información requerida para adelantar las negociaciones”.

Otros protagonistas

Otro grupo al que se refirieron los negociadores para sustentar la petición, son las compañías de seguros de bonos monolínea.

No obstante, no hicieron mención de los acreedores de las líneas de combustible, quienes llegaron a un acuerdo con la junta fiscal, anunciado horas después de que Swain accediera a alargar por una semana la presentación de Plan de Ajuste.

El pasado viernes, los acreedores de las líneas de combustible presentaron una declaración como parte del proceso de quiebra, en la que establecen son dueños, asesoran o manejan fondos y cuentas que ascienden aproximadamente a $549,950,000 de la cantidad principal agregada de los anticipos bajo el acuerdo crediticio, al 30 de noviembre del 2022.

Aunque la justa fiscal no precisó si el acuerdo contempla un requerimiento de apoyo al Plan de Ajuste una vez sea presentado ante la jueza Swain, aseguraron que reducirá el reclamo de los prestamistas de líneas de combustible en 16%, a través de nuevos bonos emitidos por la AEE en la fecha de efectividad del plan.

Estos bonos tendrán un interés de 6% y estarán exentos de impuestos. El capital para pagarlos tendrá prioridad sobre los pagos de capital pendientes por otros bonos que se emitan bajo el plan descrito en el acuerdo.

Además, este grupo de acreedores recibirá $15 millones en costos de consumación y hasta $11 millones en reembolso de honorarios profesionales.

La Ley Promesa requiere que la junta fiscal tenga el consentimiento de, al menos, una de las clases de acreedores para poder presentar el Plan de Ajuste.

Este requisito tomó relevancia en las pasadas semanas, luego de que se reveló que el suplidor petrolero Vitol, acreedor general no asegurado, obtuvo una clasificación separada tras acordar reducir el total que reclama.

Fuente: El Vocero

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