Aunque no hay negociaciones en curso, el Equipo de Mediación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitó esta semana a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain que extienda su mandato por otros tres meses.

La solicitud del grupo de mediadores, encabezado por la exjueza Shelley C. Chapman, se produjo esta semana al tiempo en que los principales grupos de acreedores de la AEE se disputan con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Esto, luego de que el grupo organizado de bonistas de la corporación pública (Ad Hoc-AEE) así como el fiduciario US National Bank Association (US Bank) solicitaran a Swain certificar el fallo emitido en su contra en marzo para llevar la controversia al Circuito de Apelaciones en Boston.

“Aunque no hay negociaciones activas que involucren al Equipo de Mediación en este momento, dada la dirección del tribunal en la Orden de Cuestionamiento del Gravamen (Lien Challenge Order), el Equipo cree que obra en el mejor interés de todas las partes que los mediadores continúen disponibles”, reza la súplica de Chapman y del juez de quiebra Brendan L. Shannon.

El pedido del grupo mediador se produce prácticamente en el aniversario de su creación. El 8 de abril del año pasado, Swain puso en manos de tres jueces federales el futuro de la AEE y con este, el de sus abonados, en un intento porque la JSF y los diversos acreedores de la corporación pública llegaran a un entendido. Empero, controversias legales en torno a los derechos de los bonistas, que se plantearon desde el inicio del proceso de Título III en el 2017, impidieron suscribir un pacto.

El mes pasado, luego de que el tribunal analizara los hechos, Swain concluyó que los bonistas no tienen los derechos que alegan.

Como era de esperarse, US Bank, el Ad Hoc-AEE y aseguradoras municipales –que con el fallo tienen en un hilo la posibilidad de recobrar alrededor de $8,000 millones- solicitaron a Swain certificar su decisión con el objetivo de que el foro apelativo federal revise la decisión.

A su vez, si la controversia llegara a Boston, esta se daría mientras la jueza Swain ha continuado con el proceso de confirmación del Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE). Y este proceso, también está plagado de controversias, pues la propuesta que la JSF radicó en diciembre pasado busca recortar las obligaciones de la utilidad prácticamente a la mitad.

El objetivo de la JSF es modificar tales acreencias y pagar a estos con un cargo híbrido que se aplicaría en las facturas de los abonados por al menos tres décadas.

En un intento porque la confirmación del PDA de la AEE no se descarrile, la JSF, y en especial, acreedores que pactaron con el organismo para poner fin al proceso de quiebra, pidieron a Swain que no emita la referida certificación.

“La orden del 22 de marzo no es adecuada para revisión interlocutoria. El fallo involucró principalmente la aplicación de principios de interpretación de (cláusulas) contractuales bien establecidos a un contrato de casi 50 años”, alegaron Cortland y SOLA Ltd, las entidades que administran las líneas de crédito para la compra de combustible y que en la jerga técnica se conocen como “fuel lenders”.

Las partes intercambian mociones y objeciones, al tiempo en que comienzan a sugerirse los testigos que participaciparían del proceso de confirmación del PDA-AEE, programado para julio próximo.

A su vez, la JSF como un todo insiste en los recortes a los acreedores mientras el directivo Justin Peterson ha vuelto a reclamar en su red social Twitter al presidente de la JSF, David Skeel, que se llegue a un entendido con el Ad-Hoc AEE.

En esta ocasión, Peterson -quien fue nombrado a la JSF por el expresidente Donald J. Trump- instó a sus homólogos a utilizar los sobrantes que tiene el gobierno y llegar a un pacto definitivo con los bonistas.

Desde la perspectiva del Ad Hoc-AEE, llevar la controversia a Boston, tendría el efecto de acelerar el proceso de quiebra.

Ellos alegan que mientras las controversias en derecho continúen en el tintero, “cualquier orden de confirmación (del PDA-AEE) que esté predicada en la sentencia sumaria (de marzo pasado) estará sujeta a un potencial revés”.

Swain dio a las partes hasta el día de ayer para expresarse y decidir si extiende o no los trabajos del Equipo de Mediación. Mientras, no ha fijado una fecha para decidir si emite la certificación que solicitan los bonistas.

Fuente: El Nuevo Día

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