El consorcio atribuye las demandas a motivaciones político-partidistas, mientras la gobernadora resta importancia a la acción legal y la califica como una estrategia mediática
LUMA Energy contrademandó al Gobierno de Puerto Rico por entender que los dos pleitos iniciales en su contra, que buscan cancelar el contrato suplementario vigente para operar y administrar el sistema de transmisión y distribución eléctrica de la Isla, carecen de méritos.
LUMA pidió que se consoliden las dos demandas del gobierno y que se desestimen, o como alternativa que se paralicen los casos, hasta tanto las partes agoten los remedios de resolución de disputas que acordaron seguir al ejecutar el contrato original y el contrato suplementario que es el que rige actualmente las operaciones del consorcio.
Entre sus alegaciones, LUMA sostiene que las demandas del gobierno no constituyen un ejercicio legítimo del poder ejecutivo ni persiguen un fin público genuino, aparte de que constituyen un uso indebido de fondos públicos “para lograr un resultado político-personal” en beneficio de la gobernadora Jenniffer González Colón.
“LUMA muy respetuosamente solicita que este Honorable Tribunal desestime la Demanda de epígrafe con perjuicio por ser inmeritoria. De no desestimarse totalmente porque no se justifica el remedio solicitado, se solicita que se conceda la primera causa de acción de la Reconvención, de modo que la controversia presentada por las Demandantes se ventile siguiendo el procedimiento de resolución de disputas pactado”, indica la acción legal firmada por dos exjueces del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, quien presidió el máximo foro judicial, y Edgardo Riera García, así como por el bufete Andréu & Torres-Viada, donde postula Jose Andréu Fuentes, hijo de otro expresidente del Supremo, y cuatro abogados de la firma DLA Pipper – Puerto Rico.
La acción legal surge luego de que la jueza federal Laura Taylor Swain determinara devolver los casos relacionados con la controversia a los tribunales locales y el Primer Circuito de Apelaciones de Boston le diera la razón a Swain.
“La administración, en su empedernido afán de ganar las elecciones, ha actuado con mala fe, dolo intencional y de manera temeraria en total detrimento del interés público. El Gobierno insiste en utilizar fondos públicos para, con argumentos frívolos y absolutamente carentes de mérito, actuar hoy en contra de sus propias decisiones cuando extendió el contrato suplementario de LUMA, un documento presentado por el mismo gobierno a LUMA como legal y vigente, en el 2022”, dijo el operador en comunicado de prensa.
Dato relevante
Entre sus alegaciones, LUMA sostiene que las demandas del gobierno no constituyen un ejercicio legítimo del poder ejecutivo, ni persiguen un fin público genuino, aparte de que constituyen un uso indebido de fondos públicos “para lograr un resultado político-personal” en beneficio de la gobernadora Jenniffer González Colón.
Según sus estimados, la cancelación del acuerdo le costará al pueblo al menos $4,500 millones en daños y costos operacionales, aparte de que causaría caos en Puerto Rico y comprometería la operación del sistema eléctrico, a su vez poniendo en peligro el acceso a fondos federales.
“Este tipo de acciones, motivadas políticamente, fue en parte lo que llevó a la Autoridad de Energía Eléctrica a la quiebra”, señaló LUMA.
“La obstinación del Gobierno en continuar con un pleito sin sentido no solo coloca en inminente riesgo a nuestros clientes, el pueblo de Puerto Rico, sino que pone en entredicho la credibilidad de esta administración ante el sector privado global. No puede existir crecimiento ni desarrollo económico si empresas que hacen negocios en la Isla son convertidas en daño colateral de una guerra político-partidista que afecta los principios más básicos de la contratación gubernamental”, puntualizó el consorsio.
“El cuco”
La gobernadora, por su parte, restó importancia a la acción legal por entender que es una acción mediática en la que prevalece más el chisme que los argumentos y que no le sorprende.
“Este pleito que acaban de radicar es su respuesta a la falta de preparación. Esto es un pleito que, a mi juicio, es una contestación que no contesta ninguno de los argumentos reales que presentó la demanda seria del gobierno de Puerto Rico en diciembre, donde plantea que ese contrato nunca debió haber ocurrido, que nunca se autorizó, que es nulo desde su inicio y que esa extensión nunca fue autorizada. Ninguno de esos argumentos que la demanda que el gobierno de Puerto Rico radicó en diciembre fueron contestados en esta contrademanda”, afirmó la mandataria.
Al mismo tiempo, criticó que LUMA esté utilizando “chavos del pueblo” en la presentación de la contrademanda y que estima en $4,500 millones la pérdida de fondos públicos de cancelarse el contrato si “LUMA sigue con el cuco”.
FUENTE: El Vocero
