A cuatro años de que comenzara el proceso de quiebra para reestructurar la deuda de sobre $70,000 millones del gobierno con sus acreedores, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, aseguró que al momento se han reestructurado más de $23,000 millones.

La cifra representa una reducción aproximada de 67% del total de la deuda. “Hemos reestructurado $5,000 millones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), $17,000 millones de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), más de $200 millones del Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (Prifa) y $1,000 millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)”, detalló Marrero.

El funcionario aseguró que todas las reestructuraciones ejecutadas a la fecha han sido efectivas, han producido ahorros puntuales y le han ganado credibilidad al gobierno en el mercado. Entre septiembre y diciembre de 2020, lograron recobrar acceso al mercado de capital para la Autoridad del Financiamiento de la Vivienda (AFV) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Para AFV, el acceso al capital les permitió refinanciar los bonos vigentes de la entidad, dando paso a un ahorro cercano a los $70 millones en el servicio de la deuda, lo que anualmente representa ahorros de $9 millones. Mientras que para la AAA, refinanciaron alrededor de $1,400 millones de los bonos en circulación, generando ahorros de $350 millones en el servicio de la deuda y $13 millones anuales.

El acceso al mercado de capital es justo lo que le permite al gobierno acceder a dinero nuevo para mejorar y modernizar la infraestructura del País, además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Uno de los propósitos de la ley federal Promesa es asegurar cuatro años consecutivos de presupuestos balanceados y volver a acceder al mercado de capital a tasas razonables.

En cuanto al tercer acuerdo alcanzado por la Junta de Control Fiscal con ciertos tenedores de bonos para reducir las reclamaciones al gobierno central de $35,000 millones a $7,400 millones, Marrero considera que es positivo porque reduce la deuda de manera razonable y no pone en riesgo al gobierno.

“Apoyamos la estructura financiera porque entendemos que es lo mejor que se puede lograr en las circunstancias que estamos atravesando. Reduce considerablemente el nivel de deuda y mantiene un nivel de liquidez adecuado para el gobierno. Es razonable y nos permite lograr estabilidad fiscal y financiera”, aseguró.

Considera que el acuerdo es vital para alcanzar un tercer plan de ajuste (POA, en inglés) para la deuda constitucional que le permita al gobierno poder finalizar el proceso de quiebra. No obstante, Marrero aclaró que apoya la parte financiera, pero se opone a la reducción que vislumbran de 8.5% en las pensiones de los retirados que devengan más de $1,200 al mes .

“Estos recortes no son necesarios y esperamos poder llegar a un acuerdo con las pensiones para poder unirnos a este acuerdo”, agregó.

De resultar aprobado, el acuerdo daría paso a una reducción en el pago de la deuda pública más cuantiosa de $1,472 millones a $1,150 millones y reduciría el servicio total de la deuda de $90,400 millones a $34,100 millones, lo que representa un recorte de 62%. El pago incluye el principal y los intereses de los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Fuente: El Vocero

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