A solo horas de que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) vote sobre el contrato para el manejo privado de las 17 unidades generatrices de energía del País, los principales responsables del acuerdo negaron que constituya un nuevo monopolio, que se traduzca en aumentos a la tarifa o que suponga inestabilidad en el sistema eléctrico.
Fermín Fontanés Gómez, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), y Omar Marrero, director de la Autoridad de Fiscal y Asesoría Financiera (Aafaf) y director de la Junta de Directores de Alianzas Público Privadas, negaron además que la contratación represente un conflicto de interés, y aseguraron que este aspecto se trabajó distinto a como se hizo con LUMA Energy, encargada de manejar el sistema de transmisión y distribución de energía.
Según Marrero, el contrato es el primer paso para abrir el mercado de generación a otros proveedores y de forma paralela transicionar a la generación por medio de energía renovable.
“Monopolio significa una sola persona encargada o una entidad a cargo de toda la generación. Aquí ya hay generación privada que no solamente es 15% con AES, 15% con Ecoeléctrica, sino también las entidades que gerencian proyectos de energía renovable hoy en día, y las que van a gerenciar o desarrollar los proyectos de energía renovable. Así que ya del saque, hoy en día no hay un monopolio en la generación. La generación está abierta en Puerto Rico”, declaró Marrero.
Como parte del contrato —del que se han revelado pocos detalles y que según se informó a este medio se adjudicará al consorcio Genera PR— el manejo de unidades se limitará a las que son propiedad de la AEE y el operador no intervendrá en la gerencia de las plantas de generación privada, ni con “las que se van a construir nuevas”, sostuvo Marrero.
Por su parte, Fontanés Gómez enfatizó que el contrato no es una venta y que en unos 10 años irán sacando las plantas de servicio, por lo que no necesitarán extender el contrato bajo los términos actuales. Indicó además, que el costo del contrato ya está contemplado en el presupuesto del área de generación.
“No implica un aumento (en la tarifa base)… Nosotros tenemos un presupuesto aprobado por el Negociado (de Energía) y estos proyectos se tienen que manejar dentro de sus presupuestos, de la tarifa existente”, expresó.
A preguntas sobre la necesidad de un contrato privado cuando la generación se ha estabilizado y ante la inminente llegada de las unidades de emergencia que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) aprobó por 12 a 18 meses, Marrero planteó que es el ambiente necesario para un cambio.
“Tú no puedes lograr cambios transformacionales en medio de pura incertidumbre, en puro caos, donde no tienes un director ejecutivo o un socio al otro lado en control de su entidad y apoyado por una política pública”, enfatizó el funcionario.
Al mismo tiempo, elogió el trabajo del director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, en liderar la estabilización del sistema de generación eléctrica.
Precisamente, la transición a LUMA provocó inestabilidad en el sistema con apagones, fuegos en subestaciones, bajones de voltaje y problemas en el servicio, algunos de los cuales continúan al día de hoy.
Contra el conflicto de interés
Fontanés Gómez indicó que de surgir algún conflicto de interés, en el contrato se estableció un mecanismo para que un tercero se encargue de manejar procesos administrativos —como las licitaciones— “para evitar que se le dé preferencia a cualquier entidad”.
Aseguró que está impedido de explicar cómo operará este mecanismo y no indicó si ha habido otras instancias en las que se ha incluido para evitar el posible conflicto.
EL VOCERO había informado que la empresa New Fortress Energy —que es parte del consorcio Genera PR— adeuda unos $35 millones a la AEE —que no reconoce— y críticos del contrato temen que pueda quedar anulada si se completa la transacción. Además, New Fortress Energy suple gas natural a las unidades 5 y 6 de la Central San Juan.
Fontanés Gómez informó que la AEE continuará operando las plantas hidroeléctrica, los canales de riego, los embalses y el resto de las propiedades de gobierno a su cargo, mientras continúa dando “asesoría técnica” a Alianzas Público Privadas sobre el manejo de las unidades generatrices y en la fiscalización del contrato.
Va a votación
La Junta de Gobierno de la AEE decidió ayer que hoy tendrán una reunión extraordinaria, a partir de la 1:00 de la tarde, para votar sobre el contrato.
Todas las reuniones de las juntas de Gobierno, Directores o Síndicos son públicas, por lo que se podrá ver la votación. Sin embargo, la discusión sobre aspectos que consideran confidenciales quedará fuera de cámara.
El representante de los abonados ante la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, sostuvo que es “importante que en estos cuerpos rectores haya representación del interés público para hacer que se cumpla con los requisitos en ley sobre transparencia y transmisión de reuniones y de toma de decisiones según la Ley 159-2013”.
Fontanés Gómez indicó, que en el caso de la Junta de Directores de Alianzas Público Privadas, el proceso no se transmitió debido a que esta oficina de gobierno está exenta, pero no indicó qué parte de la ley les exime de cumplir con este paso, que es una de las irregularidades señaladas al proceso.
Según sostuvo, hay “apertura” para aceptar recomendaciones de la Junta de Gobierno de la AEE aún en este punto avanzado del proceso. De aprobarse hoy el contrato, pasaría a la Oficina del Gobernador para la firma, para lo que tiene un plazo de 30 días. Esta función se le delegó a la secretaria de la gobernación, Noelia García.
La Junta de Control Fiscal ha comunicado que hará una evaluación final del acuerdo una vez culminen las enmiendas.
Desde el domingo, este medio ha solicitado la certificación de cumplimiento que se requiere del Negociado de Energía sobre el contrato, pero por cuarto día consecutivo no hubo respuesta.
Una vez se haya completado la aprobación de las entidades implicadas, se hará el anuncio oficial y ofrecerán detalles sobre el monto del contrato y otras disposiciones, informó el director de Alianzas Público Privadas.
Fuente: El Vocero
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