El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero Díaz, anticipó que la jueza Laura Taylor Swain aprobará el 14 de noviembre el documento de divulgación suplementario de la versión enmendada del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a pesar de que 11 partes con interés en el proceso de quiebra objetaron dicha declaración.

Entre las partes que expresaron al Tribunal su rechazo al escrito -preparado por la Junta de Control Fiscal (JCF)- figuran el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), varios grupos de bonistas, el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE) y la empresa de energía renovable Windmar.

En la mayoría de los casos, las objeciones estuvieron basadas en la presunta carencia de información sobre la implementación de un cargo heredado en la tarifa del servicio eléctrico. También, la distribución del pago a los acreedores de la corporación pública fue la base de las múltiples objeciones, la posible usurpación de la potestad del Negociado de Energía e incongruencias con la política pública energética de Puerto Rico.

“Ya el tribunal determinó que la declaración que había sometido la junta fiscal a principios de este año proporciona información suficiente y relevante y que el plan, en aquel momento, no era imposible de confirmar, así que no tenemos motivos para creer que el tribunal va a adoptar una posición distinta”, afirmó a EL VOCERO el también secretario del Departamento de Estado.

En febrero pasado, la jueza Swain aprobó el documento de divulgación correspondiente a la segunda versión enmendada del PAD. Sin embargo, la JCF volvió a enmendar el acuerdo meses después a raíz de los cambios de las proyecciones de ingresos de la AEE incluidos en el plan fiscal de la corporación pública.

“Esta declaración es similar a un memorando de oferta o un documento que se utiliza para vender un valor (security), ya que tiene el propósito de proveer la información relevante y suficiente a los acreedores que tienen derecho a votar sobre este plan de ajuste de manera que puedan tomar una decisión informada”, explicó Marrero Díaz.

El funcionario agregó que en cuanto a los detalles de la implementación, esa información “se atiende en el proceso de la confirmación del plan de ajuste”.

Señalan falta de información

En el caso del Sistema de Retiro, sus discrepancias con el documento estuvieron basadas en que no contiene información adecuada para que las partes puedan votar responsablemente sobre el PAD, al tiempo que presuntamente discrimina en su contra al pretender modificar su estructura.

“De acuerdo con el documento de divulgación suplementario, el plan fiscal 2023 (de la AEE) provee para un aumento en las tarifas base proyectadas para el año fiscal 2025 a 26.1 centavos por kilovatio/hora. Las principales causas de este incremento son el alza proyectada de costos (3.9 centavos por kilovatio/hora) y la baja en carga neta (0.7 centavos por kilovatio/hora), lo que reduce la cantidad de espacio libre para el cargo heredado y, por lo tanto, la cantidad máxima que la AEE puede sostener”, detalló el Sistema de Retiro al destacar que no se menciona el impacto que tendrán los aumentos tarifarios que la junta fiscal propone en el pago de las pensiones.

De manera similar, la entidad también señaló que el documento no provee información necesaria sobre el impacto que tendrá el acuerdo alcanzado entre el gobierno y Genera PR para el manejo de las unidades de generación de la AEE en las proyecciones relacionadas al pago de pensiones.

“Mientras que es lógico que una plantilla de mano de obra reducida va a disminuir la responsabilidad de la AEE de contribuir al Sistema de Retiro, estos cambios deberían estar reflejados en el documento de la junta fiscal sin importar cuál sea el ahorro proyectado con la reforma de las pensiones”, abundó.

El rol del Negociado de Energía

Mientras que la Utier también reclamó que existen lagunas con relación a la implementación del cargo heredado, ya que el documento “parece implicar que la corte de Título III puede forzar al negociado a aprobar dicho aumento a pesar de que dicha dependencia entienda que no es prudente”.

De igual manera, el grupo sindical apuntó a que el cargo heredado estará sujeto a un interés de seguridad en favor de los bonistas como parte de las obligaciones garantizadas, por lo que no estará disponible para el pago de otras responsabilidades de la corporación pública, como los gastos operacionales.

La Utier además criticó que el informe tampoco deja claro si la junta fiscal buscará anular los acuerdos colectivos que han sido señalados como controversias durante el proceso de quiebra.

“El lenguaje sugiere que la junta fiscal no impugnará el asunto de manera individual y que descansará en el lenguaje del plan y el documento de divulgación para pasar la responsabilidad de defender el acuerdo colectivo a la Utier”, sostuvo la organización.

Omite impacto en la economía

Por otro lado, tanto la empresa de placas solares Windmar como el ICSE establecieron que el escrito con el cual la junta fiscal pretende sustentar la viabilidad económica del PAD no cuenta con “escenarios y proyecciones razonables”.

“Al parecer, la junta fiscal y los autores del documento de divulgación no tienen idea de cómo funciona la demanda eléctrica en Puerto Rico”, reclamó Windmar, al plantear que el escrito demuestra una clara incertidumbre sobre el comportamiento de la demanda energética del País, del cual dependerán los recaudos del cargo heredado, por lo cual la propuesta “meramente sugiere transferir dicha incertidumbre a la población y la economía”.

Similarmente, el ICSE aludió a que el escrito dejó fuera cualquier análisis relacionado a la política pública energética, principalmente aquellas áreas relacionadas a la generación de electricidad por medio de fuentes renovables.

“No se consideró el impacto del cargo heredado y otros aumentos tarifarios en la actividad económica, incluyendo, pero no limitado al producto bruto nacional, el empleo, las inversiones y la inflación. Si la actividad económica disminuye también baja la demanda energética y, consecuentemente, los ingresos generados por el cargo heredado y las otras alzas propuestas”, advirtió el ICSE.

La distribución de pagos a bonistas

Entretanto, la aseguradora de bonos Assured Guaranty Corp se unió a la objeción presentada por el nuevo grupo de bonista Ad Hoc y el grupo de acreedores no asegurados de la AEE representados por GoldenTree Asset Management, que establece que el documento de divulgación tampoco incluye detalles sobre distribución de los pagos y del “potencial de posposición del calendario de desembolsos propuesto en el plan a consecuencia de una posible apelación de una orden de confirmación”.

Los bonistas también insinuaron que el documento tampoco advierte del riesgo que podría enfrentar cualquiera de los beneficios adquiridos bajo el PAD de ser anulados en caso de prosperar un reclamo en el circuito apelativo.

“El documento de divulgación suplementario debería revelar el riesgo de que el plan necesite ser enmendado para tomar en cuenta el aumento en la cantidad de reclamaciones de ingresos netos no garantizados y, al menos, debería proveer la información adecuada sobre las razonas por las cuales la junta fiscal entiende que dicha modificación no será necesaria”, sostuvieron los bonistas.

La jueza Swain pautó la vista de confirmación del documento de divulgación para el 14 de noviembre en el Tribunal federal de Hato Rey, en San Juan.

Durante la audiencia, la magistrada también atenderá argumentos relacionados al proceso de votación sobre el PAD.

Fuente: El Vocero

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