El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó la semana pasada el H.R. 3935, que enmienda la Ley para la Reautorización de la Administración Federal de Aviación, una medida que permitirá mejorar la infraestructura de los aeropuertos locales e impulsar el sector de carga aérea en la Isla.
“Particularmente para los aeropuertos significa $19.3 billones que van a estar disponible en el programa de Mejoramiento de Aeropuertos (AIP, por sus siglas en inglés), para la mejora de infraestructura de los mismos. Este es el programa donde más de 3,300 aeropuertos — incluidos los nuestros — se benefician de un programa de subvención de infraestructura. Segundo, aumenta la elegibilidad para ciertas cosas que hoy no son elegibles. Ahora hay un gran énfasis en lo que es la parte de resiliencia energética, lo que son baterías solares, y todo lo que tiene que ver con el sistema de infraestructura eléctrica”, explicó Joel Pizá Bátiz, director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos.
Acorde con información enviada por la Comisionada Residente en Washington, Jenniffer González, Puerto Rico se beneficiará específicamente con una asignación estimada en $20 millones para financiamiento del AIP.
El director de la agencia añadió que el proyecto de ley recientemente aprobado trae consigo varias novedades positivas en el ámbito de las evaluaciones ambientales. Explicó que todos los proyectos de infraestructura deben someterse a un proceso de evaluación ambiental, el cual “suele ser bastante extenso”.
Sin embargo, esta nueva legislación agiliza dichos trámites en ciertos proyectos, especialmente en situaciones de emergencia, como desastres naturales.
Por otro lado, aunque no está directamente relacionado con la operación de aeropuertos, la ley también aborda la problemática del reclutamiento de controladores de tráfico aéreo, uno de los grandes desafíos actuales del espacio aéreo nacional.
“Este es uno de los grandes retos que ahora mismo tiene el espacio aéreo nacional. Nos hacen falta cientos y cientos de controladores de tráfico aéreo, ya que muchos de ellos se han retirado”, expresó Pizá Bátiz.
“Nosotros estamos muy entusiasmados, mayormente por la flexibilización en la parte ambiental, y de esos $19.3 billones en infraestructura, es que nos va a permitir seguir nuestro programa. Nosotros hemos estado los tres años inaugurando proyectos de reparación de pavimentos y pista de aterrizaje y ahora este número nos alegra porque los próximos proyectos de infraestructura que tenemos en planificación son la pista del aeropuerto de Ponce y la pista del aeropuerto de Isla Grande”, informó.
Explicó que la semana que viene estarán adjudicando el contrato para reparar el ‘taxi way’ en Ponce.
“En cuanto a la pista, que sufrió daños después del terremoto, se está diseñando y una vez se lance la subasta de construcción, sabremos realmente el precio, porque luego de que la empresa privada y las compañías de construcción compiten ahí vienen las cotizaciones. Nosotros seleccionaremos de toda la amplia gama de propuestas que recibamos. Pero se estima, por parte de nuestros consultores, que más o menos el proyecto de Ponce debe estar entre los $20 millones y el de Isla Grande también es de entre $10 a $15 millones”, dijo.
Otro de los sectores que se podría ver beneficiado con esta nueva medida, es el de carga aérea, que según estadísticas publicadas por Invest Puerto Rico, tan solo en 2022 se exportó un total de $60 millones en carga aérea, del que más del 90% corresponde a productos de las biociencias.
“La medida demuestra un enfoque integral para fortalecer el sector de la aviación de Puerto Rico, desde la inversión en infraestructura hasta el desarrollo de la fuerza laboral y la educación en control de tráfico aéreo. Además, incluye lenguaje de mi autoría dirigiendo al gobierno federal a identificar lo necesario para expandir las operaciones de carga aérea en Puerto Rico a través de un estudio,” dijo la comisionada González en comunicado de prensa.
La Sección 761 requiere un estudio sobre operaciones de carga aérea en Puerto Rico, sección que logró insertar la comisionada cuando la Cámara estaba considerando el proyecto de ley.
El lenguaje haría que el gobierno federal identifique elementos que hacen falta para expandir las operaciones de carga aérea en Puerto Rico, incluyendo infraestructura y personal adicional, por medio de los tres aeropuertos internacionales de la isla. Esto proporcionará información valiosa para mejorar la seguridad y la infraestructura y así seguir impulsando el desarrollo económico de la isla por medio de inversiones directas y acertadas.
Tom Vincent, presidente del Comité de Transportación y Logística de la Asociación de Industriales, se mostró positivo con la Ley, lo que a su juicio pudiera ayudar a que el sector de carga aérea se convierta en uno más competitivo y de mejor calidad.
“Todo proyecto que conlleve inversión, capital, y que traiga inversión para la infraestructura de varios puestos obviamente nos añade más capacidades. En cuanto a los vuelos de carga, estos van donde está la carga y actualmente tenemos bastante por el proceso de manufactura que existe en Puerto Rico y las exportaciones. Pero, aun así tenemos que continuar atrayendo más manufactura a la Isla para que así podamos seguir atrayendo otras líneas aéreas que también pueden utilizar a Puerto Rico, ya sea como punto de escala, punto de origen o destino”, puntualizó Vincent.
Fuente: El Vocero
Explore our extensive archive of documents, reports, statements and more, detailing the progress of Puerto Rico's finances and debt restructuring.
Through AAFAF, Puerto Rico is implementing debt restructuring measures to build investor trust and usher in a new era of economic development.
AAFAF is committed to providing information in the most responsible and transparent manner possible. Explore this area created for use by journalists and communications professionals.
Read the latest financial reports, statements, rating agency reports, debt management policies, and other documents relating to Puerto Rico's debt portfolio.
AAFAF is the financial advisor and reporting entity of the Government of Puerto Rico, its agencies, instrumentalities, subdivisions, public corporations and municipalities.