La partida millonaria es superior a la de casi una decena de agencias y está bajo la lupa de la Cámara de Representantes como parte de su análisis
El presupuesto para el próximo año fiscal contiene una partida de $9.5 millones para la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA), liderada por la licenciada Verónica Ferraiuoli con la intención de revisar y simplificar los procesos y estructura gubernamental. La cifra, que es mayor a la de casi una decena de instrumentalidades públicas, está bajo la lupa de la Cámara de Representantes en su análisis del plan de gastos del gobierno.
“La Cámara de Representante, a través de la Comisión de Hacienda, está evaluando todas las partidas para hacer reprogramaciones a áreas que son prioridad”, confirmó a El Nuevo Día el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Eddie Charbonier. “Esa es una de las que estoy mirando”, agregó.
IDEA, según el presupuesto presentado por la gobernadora Jenniffer González, recibiría una asignación superior al de múltiples entidades públicas, como el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), con un presupuesto de $3.9 millones; la Oficina del Contralor Electoral, con $4.2 millones, y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, con $7.1 millones.
Por debajo de los $9.5 millones, también se encuentran los presupuestos de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), con $3.2 millones; la Oficina Estatal de Conservación Histórica, con $3.2 millones; la Corporación de las Artes Musicales, con $8.3 millones, y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, con $7.2 millones.
El Nuevo Día solicitó, entre otras cosas, a Ferraiuoli, coordinadora de IDEA, que precisara el uso que se les daría a los fondos. Por escrito, la funcionaria indicó en horas de la noche que los recursos solicitados “estarían dirigidos principalmente a la adquisición e implementación de tecnología, que representa aproximadamente el 75% de la inversión proyectada”.
“Los fondos restantes se destinarían a servicios profesionales especializados, materiales operacionales, esfuerzos de comunicación y campañas educativas, así como iniciativas de divulgación orientadas a maximizar el alcance e impacto de los proyectos de modernización gubernamental”, mencionó sin abundar en detalles. IDEA no ha sido citada a vistas públicas como parte de la evaluación del presupuesto en la Legislatura.
IDEA, según la descripción en su página electrónica, es uno de los proyectos de la administración para modernizar el aparato gubernamental y simplificar procesos, reglamentos y estructuras, fomentando la eficiencia operativa, competitividad económica y mejores servicios.
La iniciativa, establecida por la orden ejecutiva 2025-009, abarca no solo la revisión y actualización de las estructuras y sistemas gubernamentales, incluyendo leyes y reglamentos, sino que también promueve el uso de la tecnología en el gobierno y el desarrollo económico de la isla. También ordena la consolidación o reorganización de agencias.
Hasta enero pasado, según el informe público más reciente de IDEA, se habían derogado 343 reglamentos en 18 agencias o dependencias públicas, 92 más a los reportados en octubre de 2025. El gobierno, según el documento, cuenta con más de 4,160 reglamentos y enmiendas vigentes, el 90% de las cuales no se han revisado en más de cinco años y con una antigüedad promedio que supera los 22 años.
En ese mismo documento -que firma Ferraiuoli-, se describe como el principal obstáculo para su funcionamiento la ausencia de una fuente de financiación específica y recurrente. “Hasta la fecha, IDEA ha operado sin un presupuesto operativo independiente, dependiendo, en cambio, de acuerdos de financiación temporales y del apoyo de agencias asociadas para llevar a cabo sus funciones esenciales”, lee el documento, con fecha del 31 de enero de 2026.
“Esto va más allá de un problema administrativo. Afecta la rapidez con la que el gobierno puede responder a las condiciones cambiantes, la previsibilidad de los requisitos de cumplimiento para las empresas y, en última instancia, la competitividad de Puerto Rico”, agrega el informe de 44 páginas, que también recoge recortes de prensa de iniciativas concretadas reseñadas.
En una entrevista previa, publicada en octubre, Ferraiuoli indicó que había presentado ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una solicitud de $20 millones, pero reconoció que la cifra final podría reducirse a $11 millones.
“Yo no puedo elevar el presupuesto, pero puedo hacer o solicitar reprogramaciosnes que tienen que contar con la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal. Todo lo que vaya a salir de aquí (de la Legislatura) es justo. Aquí no hay nada que sea un capricho“, enfatizó Charbonier.
Según el calendario trazado por la JSF, la Legislatura tiene hasta este viernes para someter su revisión del presupuesto del próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio, aunque Charbonier dijo a principios de esta semana que consideraba solicitar al ente fiscal una extensión al período del evaluación.
FUENTE: El Nuevo Día
