Con miras a que la Junta de Control Fiscal culmine su mandato en la Isla para el 2026, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Blanco Urrutia, presentó seis iniciativas que persiguen maximizar el uso y acceso a fondos federales y a su vez dotar al gobierno y otros sectores con herramientas para manejarlos responsablemente.

Las estrategias incluyen la adquisición de un módulo de contabilidad para fondos federales, un acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para talleres y capacitación, mejorar el proceso de registro de entidades en la plataforma SAM para hacer negocios con el gobierno federal, y apertura al diálogo con las autoridades federales en apoyo al desarrollo económico de Puerto Rico.

Blanco Urrutia, sin embargo, estableció que otras condiciones fiscales son necesarias para alcanzar la meta de la salida de la junta. Entre estas, mencionó una alta participación laboral, lograr presupuestos balanceados, aumentar el Fondo del Fideicomiso de Pensiones para llevarlo hasta $10,000 millones en 10 años (actualmente con un balance de $2,300 a $2,400 millones) y mantener un buen fondo de reserva mayor a los $1,300 millones actuales.

“Uno de los temas que siempre se está resaltando es cuándo se va la junta, cómo se va la junta y qué tiene que ocurrir para que la junta se vaya. Si bien es cierto que la ley Promesa tiene dos requisitos puntuales, cuatro presupuestos balanceados y acceso a los mercados de capital a unos ‘rates’ razonables, detrás de eso hay algo más importante y que no lo hablamos lo suficiente y es la buena gerencia, la ejecución gubernamental, hacer bien las cosas (…) Nuestro plan de trabajo es para que la Junta termine su mandato en el 2026”, indicó Blanco Urrutia, y reconoció que es el ente federal el que certifica que se ha cumplido.

“Ese gobierno post-Promesa requiere una buena ejecución a todos los niveles, requiere responsabilidad fiscal, requiere continuar buscando maneras de hacer mejor las cosas y seguir trabajando con las operaciones del gobierno”, añadió.

Al explicar las distintas iniciativas para el manejo de fondos federales, el director ejecutivo señaló que, en diciembre de 2023, la OGP, junto a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), solicitó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) la subvención Building Resilient Infrastructure in Communities (BRIC) para comenzar a ofrecer talleres y capacitaciones a las instrumentalidades gubernamentales sobre el manejo responsable de fondos para maximizar su impacto.

“Recién nos otorgaron la subvención de $2 millones para dar adiestramientos al gobierno central, a municipios y a entidades no gubernamentales… Ese primer paso de adiestramiento abre la oportunidad al gobierno de Puerto Rico para solicitar a otros programas bajo BRIC… Esto es una acción proactiva por parte del gobierno de Puerto Rico para mitigar riesgos futuros”, explicó Blanco Urrutia sobre las capacitaciones que estaría realizando la OGP junto a COR3 “durante todo un año”.

Aunque el director ejecutivo indicó que la OGP ha ayudado “a diversas entidades gubernamentales en la evaluación y presentación de propuestas para diversas oportunidades de fondos federales”, señaló que identificaron que algunas entidades enfrentaban obstáculos al momento de utilizar las plataformas federales para solicitar fondos.

“El SAM ‘number’ (System for Award Management) no es otra cosa que el numerito que te otorga el gobierno federal para que puedas operar dentro de sus plataformas… Si no tienes ese numerito, no puedes utilizar los fondos federales”, indicó.

Blanco Urrutia explicó que, entre el “universo de problemas” que identificó la agencia y el gobierno federal sobre el acceso a estas plataformas, había “cosas básicas de manejo de información”, incluyendo la falta de actualización de la información, al igual que la pérdida del acceso a la plataforma porque el empleado encargado del SAM ya no trabajaba allí.

Para atender la situación, Blanco Urrutia indicó que la OGP entregó un cuestionario a todas las agencias y municipios para confirmar su registro en la plataforma e identificar cualquier otro obstáculo que hayan confrontado. Según la agencia, “en poco más de un año, se han atendido efectivamente sobre 4,000 casos de SAM”.

Al detalle los proyectos

De otro lado, Blanco Urrutia indicó que la agencia adquirió un módulo de contabilidad específico para fondos federales y que han revisado el “chart of accounts”, que es el registro de cuentas del gobierno de Puerto Rico, para llevar una contabilidad precisa.

También señaló que la OGP participa activamente en el “Economic Dialogue”, una iniciativa de la Casa Blanca para apoyar el desarrollo económico de Puerto Rico, que a su vez dio paso a un proyecto para instalar un sistema de transporte en el Yunque.

“A través del Departamento de Agricultura Federal, se dio una subvención bien pequeña para comenzar los trabajos… Estamos en el proceso de evaluación y planificación para primero crear un ‘transit hub’ en la falda del Yunque que funcione como un estacionamiento para expandir capacidad, pero que a la misma vez tenga un sistema de guagüitas ecoamigables que pueda llevar a la gente a subir y bajar en el Yunque”, explicó.

Según la OGP, se reservaron $200,000 para planificar el “Yunque Transit Hub” y hay $50,000 “para la integración de la comunidad local” y otro millón de dólares para reparar la entrada del bosque.

El director ejecutivo informó que se capacitó personal que adiestró a 14 agencias sobre temas relacionados al manejo de fondos federales.

Fuente: El Vocero

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