El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, se propone adoptar un proceso uniforme y público que permita al gobierno disponer de las propiedades que posee.

El objetivo, según Marrero, es que aparte de que haya una memoria clara acerca de las propiedades en manos del gobierno y cómo se dispondrá de estas, se pueda articular un mecanismo que facilite la venta y transferencia de estos inmuebles para allegar dinero al fisco.

“Vamos a identificar los recursos, uniformar los tres reglamentos y ver hasta en qué punto podemos proveer unos modelos de contratación y arrendamiento que puedan utilizar las agencias”, dijo Marrero, al admitir que la Aafaf no tenía una estructura clara de trabajo, según requiere la Ley de Cumplimiento Fiscal (Ley 26 de 2017).

De acuerdo con Marrero, en las próximas semanas, la Aafaf comenzará a establecer una serie de estrategias para “transparentar” los trabajos del Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles (Cedpi). El grupo de trabajo fue creado por la Ley 26 como parte de las medidas que tomaría el Ejecutivo para implementar la ley federal Promesa y los planes fiscales que ha certificado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Específicamente, según la ley, el grupo de trabajo tenía la responsabilidad de diseñar un procedimiento “eficiente y eficaz de venta de propiedades inmuebles, en que imperen los principios de competencia, transparencia, desarrollo económico, creación de empleo, bienestar e interés público”. La ley viabiliza la venta de estos inmuebles mediante subastas selladas y subastas a viva voz, y según la Ley 26, el comité está obligado a reunirse una vez al mes. El grupo de trabajo está compuesto por el director ejecutivo de la Aafaf, su homólogo en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Sin embargo, partiendo de las expresiones de Marrero, en los pasados dos años, el grupo no se reunía con frecuencia y tampoco hay claridad acerca de cómo conducía sus trabajos.

Para corregir la situación, dijo Marrero, la Aafaf trabajará un reglamento que establecerá cómo se darán a conocer las propiedades disponibles para la venta, qué tendrán que hacer los proponentes interesados y un reglamento interno que rija los trabajos del comité.

“Reconocemos que no será una tarea necesariamente sencilla, pero queremos hacerlo y fijar un tiempo para ejecutar estas transacciones”, dijo Marrero, al ejemplificar que unaposibilidad sería establecer un plazo de 90 días desde que se anuncie el interés del gobierno de disponer de alguna propiedad, el recibo de ofertas y el proceso de evaluación de estas.

El gobierno tiene una plétora de propiedades en desuso, dispersas a través de diversas agencias como el Departamento de Educación, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) e incluso, otras dependencias como la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés), pero se trata de inventarios fragmentados con procedimientos distintos para su disposición. En el caso de Pridco, Aafaf se encuentra en busca de un administrador de propiedades privado para que maneje dicho inventario. En el caso de la AEP, la corporación pública se apresta a poner en venta varios de sus inmuebles, indicó la agencia a este diario el mes pasado.

Marrero aspira a que la venta de propiedades incluso pueda gestionarse a través de la internet, para que las personas o entidades interesadas pueda hacer sus ofertas por alguna plataforma que se provea para ello.

El Nuevo Día preguntó a Marrero si los inmuebles que se pondrán a la venta serán parte del plan de ajuste de deudas bajo el Título III de la ley federal Promesa, a lo que el funcionario respondió en la negativa.

“Lo que queremos es darle agilidad y transparencia. En menos de un mes, ya hemos tenido dos reuniones. Todo lo que esté llegando y todo lo que esté debidamente justificado, lo estamos atendiendo”, dijo Marrero. Agregó que, en las últimas dos reuniones, aprobaron siete transacciones que respondían a pedidos de municipios y también de particulares privados.

Source: El Nuevo Dia

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