Con la asistencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) trabaja en la política de inversiones que regirá el nuevo plan de contribución definida de los empleados públicos y que debe entrar en funciones entre los meses de julio y agosto próximos, informó el titular de esa agencia, Luis Collazo Rodríguez.

Dicha política de inversiones tendrá que ser adoptada por Alight Solutions Caribe, la firma que fue seleccionada por la ASR para administrar el nuevo plan de retiro del gobierno.

El plan será bastante parecido a los planes de retiro de empresas privadas, conocidos como planes 401k. La decisión de política pública incide sobre unos 110,000 servidores públicos, al igual que sobre todos los educadores que se integraron al servicio público a partir de agosto de 2014.

“Esto fue lo que debió hacerse hace 19 años”, dijo Collazo en una entrevista con El Nuevo Día, en la que destacó que el gobierno se propone honrar los cientos de millones de dólares que por casi dos décadas se retuvieron a miles de servidores públicos.

Después de la creación del llamado Sistema 2000, la ASR debió custodiar los ahorros de los empleados públicos en cuentas separadas, pero ello nunca se hizo. Como resultado, el dinero que durante años y en cada quincena, la ASR sacó de la paga que reciben miles de servidores públicos y que debía protegerse para la jubilación de estos, se utilizó para pagar el resto de las pensiones.

El año pasado, la ASR vendió lo último que le quedaba en activos, por lo que ahora el dinero de esos servidores públicos todavía trabajando tendrá que ser repuesto de alguna manera, todavía no precisada, desde el Fondo General.

La privatización del plan de retiro es uno de los componentes de la reforma de las pensiones que la JSF exigió al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Aunque Rosselló Nevares ha objetado el recorte a las pensiones que ha planteado la JSF, el mandatario coincidió con la JSF en torno a la privatización del plan de retiro.

La propuesta ganadora

De acuerdo con Collazo Rodríguez, Alight fue seleccionado porque su estructura de cargos por servicios fue la más competitiva. “Ese era uno de los criterios de más peso porque es algo que va a pagar el servidor público”, indicó. La firma cobrará unos 35 puntos base por gestionar los primeros $500 millones en activos y otros 25 puntos base por los siguientes $500 millones en activos. La ASR ahora negociará los términos específicos del contrato, según Collazo Rodríguez.

Pero acto seguido, el otro elemento que de acuerdo con Collazo, contribuyó a que el comité evaluador seleccionara a Alight fue la trayectoria de la empresa, su larga presencia en Puerto Rico. A nivel internacional, Alight maneja unos $410,000 millones en activos que pertenecen a unos 19 millones de trabajadores. En ese universo, Alight maneja unos 96 planes de contribución definida como el que se diseña para la ASR, con volúmenes superiores a $500 millones. La firma opera en Puerto Rico desde 1990 y emplea unas 1,000 personas.

Además, dijo Collazo Rodríguez, la firma posee una arquitectura de inversión “totalmente abierta”, es decir, que la firma no posee relación con los fondos de inversiones donde los servidores públicos colocarían su dinero.

La asistencia de la JSF

Como resultado, la nueva junta de directores de la ASR es la entidad que tendrá la última palabra en torno a los criterios que deberán cumplir los fondos de inversiones. En esa tarea, según Collazo Rodríguez, asiste el consultor financiero de la ASR, Gavion Associates.

En términos simples, las guías de inversión podrían describirse como las reglas de un juego donde se requiere “filtrar” a los manejadores de fondos en función de su reputación y desempeño y también establecer en qué valores podrá invertirse el dinero, sean bonos, acciones, bienes raíces u otros activos, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

“Esperamos que dentro de las políticas de inversión se pondrán topes en lo que podrá facturar el fondo de inversiones y el costo por transacción”, dijo Collazo al señalar que Andrew Biggs, actual directivo de la JSF y experto en temas de pensiones, ha colaborado activamente con los trabajos de la ASR.

Hace poco más de una semana, la ASR informó que Alight será el administrador del plan de aportación definida, cuyos parámetros quedaron delineados bajo la Ley 106 de 2017. Alight compitió contra cinco empresas: Milliman, FIS Global, Voya Financial, Empower Retirement y Benefit Plan Administrative Services (BPAS).

¿Cómo funcionará el plan?

Al presente y luego de que se aprobó la Ley 106, los ahorros de los servidores públicos se han depositado en una cuenta de fideicomiso en Banco Popular y ascienden a unos $350 millones. Desde entonces hasta la fecha el dinero no ha acumulado intereses, dijo Collazo Rodríguez. Queda por verse cómo el gobierno atenderá en definitiva, los ahorros de miles de trabajadores previos a la Ley 106 y que se aportaban para una especie de anualidad con el Sistema 2000.

Según Collazo Rodríguez, Alight podrá retener los servicios de Banco Popular u optar por el banco custodio que entienda adecuado.

El plan de la ASR es que una vez Alight prepare toda la infraestructura tecnológica, el dinero ahora en custodia se transfiera a la institución correspondiente y comience el proceso para que los servidores públicos puedan manejar su dinero y trazar la estrategia de ahorros que interesen para su jubilación.

De acuerdo con Collazo Rodríguez, entre los beneficios que la ASR busca proveer con el nuevo plan privado, figura autorizar a los empleados públicos para que estos tomen prestado contra sus ahorros como sucedía con el programa de préstamos de la ASR y proveer mecanismos para que aquellos empleados que no escojan cómo invertir su dinero, puedan tener sus ahorros en un instrumento con poco riesgo y liquidez.

Fuente: Para verano el plan de retiro privado de empleados del gobierno

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