Unas 24 horas después de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) entregara a la Legislatura su versión del presupuesto para el próximo año fiscal, el gobernador Pedro Pierluisi anunció este jueves que mañana enviará a la Legislatura una resolución para que esa rama de gobierno avale su programa de gastos en lugar del programa de gastos aprobado por el organismo fiscal.

Pierluisi también adelantó que enviará al organismo creado por la ley federal Promesa, una lista de enmiendas al plan fiscal del gobierno central, así como una certificación del Departamento de Hacienda en la que se evidenciará que el año entrante, el fisco recibirá dinero suficiente para incurrir en los gastos que impulsa el mandatario.

“No vamos a claudicar en nuestra lucha”, dijo Pierluisi durante un mensaje transmitido esta tarde a través del Canal 6 (WIPR) y las redes sociales del primer ejecutivo.

En una alocución de unos cinco minutos, Pierluisi reconoció que la mayor parte del presupuesto adoptado por la JSF no afectó los gastos propuestos por su administración, pero sostuvo que dará la pelea por los gastos que el organismo sí recortó y que para ello, “hará causa común” con legisladores de todos los partidos.

De esa forma, y por una diferencia de unos $100 millones, Pierluisi se propone desafiar a la JSF en la aprobación de lo que sería el segundo presupuesto que incluye el pago de la deuda pública reestructurada. Esto, luego de la implementación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central implementado el pasado 15 de marzo.

“Los fondos del pueblo son para el pueblo, no para acumularlos en las cuentas del gobierno”, dijo Pierluisi.

En marzo pasado, Pierluisi presentó a la JSF un presupuesto consolidado que ascendía a $28,785 millones. En esa cifra se incluyeron unos $12,573 millones correspondientes al gasto operacional del gobierno contra el Fondo General; otros $4,976 millones en recaudos por leyes especiales y otros $11,236 millones en fondos federales.

La JSF ajustó el presupuesto contra el Fondo General en unos $100 millones, es decir a unos $12,426 millones, luego de concluir que los gastos propuestos por Pierluisi no se justificaban, eran contrarios al plan fiscal certificado o no procedían porque las agencias no lograron ahorros suficientes para financiarlos.

Ante ese panorama, la JSF concluyó que el presupuesto recomendado por Pierluisi era contrario a la ley federal Promesa y al aprobar su versión del presupuesto, reiteró la implementación de cortapisas como requerir a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que retenga bajo su custodia una parte de los fondos asignados a las agencias. Ello, hasta que las agencias cumplan con métricas de desempeño o los recaudos se comporten según los estimados.

Concluida la revisión, ayer la JSF remitió el presupuesto ajustado a la Legislatura para su aprobación. Según el proceso de presupuesto adoptado por el organismo, la Legislatura tiene hasta el próximo 12 de junio para suscribir su presupuesto o adoptar uno que sea aceptable a los ojos del ente fiscal.

Si no fuera el caso, entonces, la JSF podría certificar su propio presupuesto.

Pero desde la perspectiva de Pierluisi, la determinación de la JSF no se justifica, en especial, porque los recortes impuestos por el organismo afectarían programas dedicados a la comunidad sorda o con impedimentos o porque estos obligarían a contratar recursos externos, cuando el objetivo debería ser que el gobierno reanude la contratación de empleados para prestar servicios a la población.

“La junta insiste en reducir los gastos por 100 millones a pesar de que todas las proyecciones apuntan a que nuestros recaudos superarán los estimados por mucho más”, dijo Pierluisi al insistir en mantener los gastos propuestos por su administración y que también incluyen partidos en favor de los municipios.

Fuente: El Nuevo Día

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