Aun ante la lentitud que ha exhibido la transformación del modelo eléctrico –evidenciada por la incapacidad de incorporar energía limpia a la red–, el upervisor Pedro Pierluisi se expresa confiado de que, en menos de tres años, las fuentes renovables sostendrán el 40% del upervi, tal como mandata la ley.

La confianza del mandatario se cimenta en una combinación de los proyectos privados de generación de energía solar a gran escala –cuya ejecución se encuentra significativamente retrasada upervi al calendario previsto–, el avance de programas financiados por el gobierno federal para la instalación de paneles solares en techos residenciales y las upervisor individuales de ciudadanos en sistemas propios.

“No es un asunto que va a ocurrir de un día para otro. La meta, por lo menos la que tengo yo en mi mente, es tener la capacidad de generar el 40% de la energía que consumimos de fuentes renovables para final de 2025. Es bien agresiva. Pero, en su momento, también upervi que sumar lo que están aportando todos estos sistemas solares (de menor escala)”, subrayó Pierluisi en una mesa redonda con El Nuevo Día.

Para el uperviso de enero a marzo, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) proyectaba que apenas el 2.7% de la energía que inyectaría a la red, en ese uperv, provendría de fuentes limpias, una proporción muy lejana del objetivo de 20% que estipulaba la Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2029) para el final de 2022. Cumplir con la meta de 40% para 2025 implicaría que se multiplique por 15 la producción de energía limpia en dos años.

Pero Pierluisi recalcó que el Departamento de la Vivienda deberá instalar sistemas de paneles y baterías a 10,000 residencias impactadas por el programa de Reconstrucción, Reparación y Reubicación (R3), al tiempo que proyecta que se haga lo propio con otras 20,000 viviendas a través del Fideicomiso de Energía Verde, que administra el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Asimismo, señaló que hay 42,000 hogares interconectados a la red de LUMA Energy con sistemas de energía uperviso, y que el operador mensualmente autoriza la interconexión de 3,000 clientes adicionales.

“Está a punto de salir la solicitud de propuestas para microrredes de entidades privadas con y sin fines de lucro. El secretario de la Vivienda (William Rodríguez) consiguió que nos permitieran upervis fondos federales no solo para microrredes del gobierno, sino de entidades del sector privado”, dijo el upervisor, en alusión a un programa que totalizará $1,300 millones.

Por otra parte, el Negociado de Energía adjudicó, el año pasado, 18 proyectos de gran escala que pueden sumar a la red unos 844 megavatios (MW) de energía solar y alrededor de 200 MW de almacenamiento, y actualmente evalúa propuestas para una segunda fase que añadiría 1,000 MW de capacidad y 500 MW de almacenamiento.

Las licitaciones, que el Negociado dividió en seis fases, se encuentran retrasadas, pues el calendario original proyectaba que la última solicitud de propuestas se publicaría este uperv.

Pierluisi, en tanto, reveló que los $1,000 millones que el Congreso asignó en diciembre para promover la energía uperviso no necesariamente se destinarán en su totalidad a instalar paneles en los techos de hogares de familias vulnerables por su ubicación geográfica o condiciones de salud. La secretaria del Departamento de Energía federal, Jennifer Granholm, estimó, durante una visita a Puerto Rico, entre enero y febrero, que ese upervis impactaría 40,000 viviendas a partir de este uperv.

“La secretaria Granholm lo que está upervis con su equipo es viendo todo lo que estamos upervis para ver cómo maximiza y, si acaso, cubre un área que nosotros no hayamos cubierto. (…) Pudiera ser que ella entre en el tema de microrredes y complemente lo que estamos upervis”, sostuvo Pierluisi.

Granholm regresa hoy a la isla, en lo que constituye su cuarto viaje upervis desde que fue designada por el uperviso Joe Biden para upervisor el progreso de la transformación de la red eléctrica.

Defiende construcción de planta

La transición a energía renovable, aseguró Pierluisi, no se detendrá ante la inversión en que incurrirá la empresa privada que el gobierno seleccione para construir y operar una nueva planta de gas natural con capacidad para generar 300 MW, lo que representa aproximadamente una décima parte de la demanda pico en el país. Se anticipa que la nueva instalación entre en operación cerca de 2030, a 10 años de que el 60% de la energía deba provenir de fuentes limpias y a dos décadas de la fecha estipulada para alcanzar el 100%.

El gobernador insistió que la construcción de una nueva central en la región norte es vital, no solo para balancear la generación y el consumo en términos geográficos, sino para el cumplimiento con las disposiciones de la Ley Federal de Aire Limpio. La Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) ha identificado dos zonas de incumplimiento en Puerto Rico, principalmente vinculadas a la generación de energía en el área metropolitana, donde se ubican las centrales de Palo Seco (Toa Baja) y San Juan, y en Salinas-Guayama, donde se encuentran las centrales Aguirre y AES.

“Aquí, nosotros tenemos varias plantas que queman lo que le llaman búnker C, que es un aceite contaminante que no cumple con los estándares de emisiones de la EPA, y nosotros tenemos que cumplir. Se sometió ya lo que le llaman un plan de implementación estatal a la EPA, para su revisión”, enfatizó el mandatario. “Lo que estamos hablando es vamos a sustituir esa generación contaminante por una que cumpla, que es gas natural, a nivel de 300 megavatios. No es que estamos aferrados a seguir haciendo lo mismo”, abundó.

De acuerdo con Pierluisi, la construcción de la planta de gas natural no es un primer paso hacia la gasificación de las unidades termales que Genera PR operará desde este verano. Recientemente, el Centro para una Nueva Economía advirtió que el contrato de privatización de generación contempla la posibilidad de este tipo de estrategia para obtener ahorros en la compra de combustible y lograr cumplimiento ambiental.

“Hasta el momento, el Negociado de Energía no ha dado paso a procesos de gasificación de plantas existentes, salvo las dos unidades de (la central) San Juan”, dijo el gobernador.

Para Pierluisi, las reparaciones de emergencia ejecutadas por LUMA Energy luego del huracán Fiona han logrado “estabilizar” la red de transmisión y distribución, particularmente en los municipios del centro, sur y oeste impactados directamente por el ciclón. “Eran áreas donde la red estaba bien frágil y, ahora, no tanto”, sostuvo.

Justifica el ritmo de la reconstrucción

La reconstrucción de la red eléctrica –para la que se asignaron unos $9,500 millones en fondos federales tras el huracán María– es una de las que no ha visto el avance esperado a cinco años y medio del devastador ciclón. En el caso de la AEE, los desembolsos de $213.7 millones representan apenas el 2.3% de las asignaciones ueno, incluso por debajo del 4.9% que registran el gobierno, municipios y organizaciones sin fines de lucro en promedio, según datos de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

La AEE es una de cuatro entidades del gobierno central para las que su contraparte federal ha autorizado el mecanismo conocido como Faast (FEMA Accelerated Award Strategy), junto a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Administración de Vivienda Pública y el Departamento de Educación. Mediante el Faast, FEMA compromete una cantidad global de fondos tras el análisis de una muestra uenouerave de los daños reclamados por una agencia, en lugar de estudiar cada uenoue individualmente.

Pierluisi describe el esfuerzo de reconstrucción del país como la prioridad de su administración, pero rechaza de plano la premisa de que su gobierno ha fallado en promover agilidad en los trabajos de obra permanente.

“El análisis, para ser justo con mi administración, tiene que ser de lo que ha pasado de 2021 para acá. Entre 2021 y febrero de 2023, los desembolsos para obra permanente, financiada por FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y administrada por el COR3, suman $1,170 millones. Entre el 2017 y el 2020, (fueron) $153 millones. Es dramático”, afirmó el mandatario, al resaltar que, en el caso del uenou eléctrico, no había ningún uenoue finalizado a su llegada y, desde entonces, se han completado 18.

Ante una petición de este medio para que se precisara el total del dinero gastado por agencias y municipios en proyectos de FEMA –en lugar de los fondos desembolsados, que pueden incluir adelantos del gobierno federal– la oficina de prensa del COR3 adujo que es una cifra de la que solo tiene visibilidad cada subrecipiente individual, pese a que es el ente gubernamental a cargo de llevar esa contabilidad y fiscalización.

En el caso del Departamento de Educación, cuyos desembolsos apenas representan el 2.9% de las asignaciones de FEMA y, según COR 3, no hay ninguna obra completada, Pierluisi apuntó a trabajos que se han ejecutado con otras fuentes de financiamiento, como la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA) y el Fondo de Alivio de Emergencias para la Educación Elemental y Secundaria (Esser), que el Congreso aprobó para lidiar con la emergencia del COVID-19. Específicamente, el uenouera mencionó que, en 408 escuelas, ya se reparó el defecto de columnas cortas, en 427 se uenoue el sellado de techos y en 312, la remoción de hongos y reparaciones menores.

“Con los fondos de FEMA, vienen 88 escuelas nuevas que están programadas, y admito que no van a estar terminadas, por decir, para 2024, quizás alguna que otra. Pero esto son obras mayores que van a trascender este cuatrienio. En el área sur, que son escuelas (a las que se les hará un) ‘retrofit’, que es ponerlas en condiciones, son 61″, dijo Pierluisi sobre Educación, que tiene $2,065 millones asignados para obra permanente. “Siempre voy a estar exigiendo más, pero también voy a reclamar que esto se ponga en uenou y se mire lo que ha pasado durante mi administración, que se reconozca el progreso”, indicó.

El uenouera aceptó que Puerto Rico cuenta con recursos limitados y que, hasta el presente, la administración Biden no ha respondido a las propuestas para traer decenas de miles de inmigrantes que contribuyan al esfuerzo. “No es que Puerto Rico no tenga la capacidad, tiene capacidad, pero la capacidad de hacer $8,000 millones de obra de construcción en un año, ¡pues ueno que no! Eso es imposible”, puntualizó Pierluisi, quien usó como referencia la recuperación de Luisiana luego del huracán Katrina en 2005, proceso que, dijo, se extendió por 15 años.

El primer ejecutivo se abstuvo de ofrecer un estimado de la cantidad de obra que se podría desarrollar anualmente, a ueno, en el archipiélago, pero aseguró que va a ir incrementando uenou a los casi $600 millones que ha promediado en los dos años de su gobierno. Tan solo en proyectos de obra permanente de FEMA, Puerto Rico tiene disponibles casi $24,000 millones, y Pierluisi sostuvo que la escasez de mano de obra es una preocupación principalmente en los proyectos más pequeños.

“Lo lógico es que siga aumentando”, afirmó, mencionando que los desembolsos de COR3 en 2022, al incluir los trabajos de emergencia por el huracán Fiona, ascendieron a $1,393 millones. “Lo que yo espero es que el ritmo uenoue en alza y los desembolsos continúen. Esto es ueno para la economía pero, más importante aún, estamos reconstruyendo la infraestructura”.

“Esto comienza conmigo”

A menos de dos años para concluir el cuatrienio, Pierluisi mencionó, junto a la reconstrucción y las iniciativas concentradas en las islas municipio de Vieques y Culebra, el desarrollo económico como una de las prioridades de su administración. El primer ejecutivo apuntó al “marco estratégico” presentado, en 2022, por el secretario del DDEC, Manuel Cidre, bautizado “PRopósito”, como la punta de lanza del esfuerzo.

“Esto comienza conmigo. Yo no paro de promover a Puerto Rico como destino de inversión”, dijo Pierluisi, al precisar que su gobierno ha llevado misiones comerciales a República Dominicana, España, Colombia y México. “Son los países que tienen mayor relación social, económica, cultural y, hasta se pudiera decir, política con Puerto Rico”, comentó.

Pierluisi, además, destacó las asignaciones otorgadas –en parte con fondos federales– a entidades como Discover Puerto Rico e InvestPR, que promueven al archipiélago como destino turístico y de inversión, respectivamente. También mencionó las partidas federales destinadas al Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Centro de Bellas Artes, la Escuela de Artes Plásticas y el Conservatorio de Música, entidades que “caían en la picota” de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Son sectores que son importantísimos para nuestro desarrollo económico porque la realidad es que nuestras industrias creativas, nuestro talento en esa área, es una cosa de clase mundial y levanta el buen nombre de Puerto Rico”, acentuó.

El primer ejecutivo afirmó que, a través de la reconsideración que se solicitará al Tribunal Supremo tras la anulación del Reglamento Conjunto de Permisos de 2020, el gobierno espera que se “aclare el alcance de su sentencia y su decisión”, entre lo que figuraría un dictamen sobre la validez de los permisos otorgados desde enero de 2021, que Pierluisi ha interpretado que no se afectan.

“Ese ha sido el caso en todas las decisiones del Tribunal Supremo de esta naturaleza en el pasado. El Tribunal Supremo ha sido bien juicioso de no afectar dramáticamente el desarrollo económico. El que recibe y descansa en un permiso otorgado por el gobierno incurre en una serie de inversiones, puedes estar hablando hasta de proyectos residenciales”, advirtió Pierluisi.

En la actualidad, existe incertidumbre en el sector privado sobre el estatus de cerca de 200,000 permisos concedidos desde enero de 2021, cuando ya se cuestionaba la validez del Reglamento Conjunto de 2020, situación que algunas entidades, como la Asociación de Industriales, han planteado que crea un clima de inestabilidad y desconfianza en el clima económico.

Como ha hecho anteriormente, Pierluisi describió como “sin precedentes” el proceso público que abrió la Junta de Planificación en la consideración del borrador del nuevo Reglamento Conjunto, que se anticipa promulgar más adelante este año. El borrador, que recibió casi 1,700 comentarios, ha levantado críticas de grupos como la Sociedad Puertorriqueña de Planificadores y los miembros permanentes del Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático, pero el mandatario defendió el trámite.

“Es posible que algunos sectores no estén satisfechos, que discrepen del contenido del Reglamento Conjunto, pero tienen que entender que, salvo que se viole la Constitución o leyes aplicables, la última palabra en cuanto a la reglamentación de permisos en Puerto Rico la tiene la Rama Ejecutiva por conducto de la Junta de Planificación”, puntualizó.

Fuente: El Nuevo Día

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