El escaso tiempo para proveer la información que la Junta de Control Fiscal (JCF) exige, de manera que se puedan conciliar los borradores sobre el presupuesto del próximo año fiscal, es una de las mayores preocupaciones de Juan Carlos Blanco, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), quien pidió una prórroga hasta el viernes para entregar una nueva propuesta.

La JCF realizará hoy su reunión pública anual y el gobierno tenía como plazo hasta antes de la reunión para entregar el presupuesto con los ajustes requeridos, tomando en cuenta las objeciones del ente fiscal.

Blanco aseguró a EL VOCERO que no importa la versión final que se apruebe, ninguno de los proyectos importantes de la administración de Pedro Pierluisi -como la descentralización del Departamento de Educación (DE), el Plan de Revitalización Social y Prevención de la Violencia o los programas y compromisos a largo plazo que ahora dependen de unos fondos federales que culminan en los próximos meses- se quedarán en suspenso.

“Yo creo que lo más importante es que tenemos un acuerdo en cuanto al total del presupuesto de unos $13,000 millones. Lo que la junta señaló como asuntos que no están en cumplimiento… algunos de ellos son la diferencia que hemos tenido desde hace tiempo, como lo es la contribución que hacen los municipios al Plan Vital y el caso de la Universidad de Puerto Rico. No es que haya una oposición a que el Gobierno de Puerto Rico invierta dinero adicional en la universidad, es más bien una petición de ver un plan de trabajo y un plan de uso de esos fondos mucho más definidos”, justificó en entrevista con este medio.

Reconoció que los municipios son uno de los renglones que más revisiones requiere, pero sostuvo que van a “asegurar la mayor cantidad de fondos posible”. Por eso, al momento no se tiene previsto que algún ayuntamiento esté en riesgo de quedar inoperante a partir del 1 de julio cuando dejará de existir el Fondo de Equiparación que ayudaba con la aportación que se les requiere para el Plan Vital.

La JCF ha condicionado la aprobación de fondos a que los alcaldes y alcaldesas implementen unas reformas estructurales y para ello designó $44 millones que irán a una reserva. El gobierno había solicitado $80 millones para cubrir las aportaciones. El director de OGP admitió que hay mucho por hacer para crear una nueva estructura de relación entre los municipios y el gobierno central.

“Hay algunos municipios que necesitan apoyo fiscal para sostener sus operaciones porque no generan los ingresos suficientes dentro de su jurisdicción. Por otro lado, tenemos la oportunidad de buscar eficiencias en llevarle servicios a la gente como el servicio de basura, que ya existe un fondo para esto, el programa de ama de llaves para adultos mayores, así como otras oportunidades que pueden haber donde (tiene) más sentido que los fondos fluyan a través del municipio en comparación con un programa estatal”, señaló.

Dijo que ya hay dinero para arrancar con el plan para la prevención de violencia y rechazó que el calendario de implementación se afecte porque la junta objetó asignar $20 millones a menos que se le detallen las acciones puntuales que se realizarán.

Blanco sostuvo que los fondos están y que no hay riesgo de desviarlo a cubrir otros propósitos, sino que la JCF solicitó más información sobre el plan de trabajo.

Por otro lado, detalló que la descentralización en el DE “está bien encaminada”, pero que uno de los retos más grandes es transferir las responsabilidades a las regiones asegurando que existen “las personas y los procesos y los recursos” para hacer la encomienda. De lo contrario, sería injusto y no podrían manejar el trabajo que se requiere.

Se mostró confiado también en que saldrán adelante con el programa de Facilitadores para Educación Especial para que haya uno en cada escuela, según prometió Pierluisi en su más reciente mensaje de estado de situación. La JCF pidió un estudio sobre la necesidad de ese personal. Según expuso Blanco, la JCF está de acuerdo con el programa pero “fueron un poco más conservadores que nosotros”.

“Nosotros apostamos a que tenemos la capacidad para una implementación rápida… ellos quieren ver un programa piloto, que se lleve a cabo en un número más reducido de escuelas, probar su efectividad, el diseño y la ejecución del proyecto y entonces escalarlo al resto del sistema. Así que yo creo que la parte positiva es que hay un voto de confianza”, indicó.

Explicó que en el caso de los fondos ARPA (American Rescue Plan Act de 2021) y ESSER (Elementary and Secondary School Emergency Relief) ya se identificó la fuente de fondos estatales para cubrir de forma recurrente esos compromisos que se hicieron incluyendo un aumento en el salario de los maestros y a personal del Instituto de Ciencias Forenses. Sin embargo, la JCF los mantendrá a resguardo en una cuenta separada y los irá liberando en la medida que expiren las fechas límites y se necesiten.

“Lo que la junta nos está diciendo es vamos a separar los fondos estatales, pero en vez de dárselos directo a las agencias, nos vamos a poner en lo que se llama una cuenta custodia bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para ir trabajándolo en vez de que los tengan desde el primer día”, sostuvo.

Dijo que habrá una partida adicional de $25 millones aproximadamente para continuar ofreciendo “salarios competitivos” a diferentes niveles.

La diferencia en fondos para la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS, en inglés) de $23 millones solicitados en contraposición a los $4.1 millones que aprobó la JCF, se refiere a la compra de licencias para productos, pero Blanco enfatizó que los programas para seguir interconectando la información de recursos humanos entre agencias de gobierno y el de crear un sistema de contabilidad central ya tienen un presupuesto aparte designado que no está bajo cuestionamiento de la JCF.

El incremento que se solicitó de $11 millones en reembolsos a HMS Ferries -la empresa privada que está a cargo de la transportación a Vieques y Culebra y entre San Juan y Cataño- el director de OGP indicó que es parte de lo que se acordó al momento de la transacción para crear la alianza público privada y que es “consistente con el número que hay del presupuesto actual”. Empero, reconoció que ha habido un atraso en pasar de la fase 1 a la fase 2 de la privatización con la remodelación de las lanchas, lo que atribuyó al problema en la cadena de suministros por la pandemia de covid-19.

Defendió además la calidad “innegable” en el servicio de transporte marítimo de la empresa.

Fuente: El Vocero