Ante la decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain, que anuló la Ley 41-2022 de la reforma laboral, el gobernador Pedro Pierluisi anticipó hoy que esta pugna legal acabará en una solicitud de revisión ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, quien eventualmente tendrá que decidir si acoge o no el caso.

“La jueza entiende que no se cumplió con todos los requisitos de (la Ley) Promesa, pero déjenme ser claro. Primero que nada, aquí se sometió la certificación exigida en Promesa, bajo la sección 204 de la ley”, dijo Pierluisi a la prensa tras anunciar una iniciativa en beneficio de la industria lechera.

Con esto, el mandatario se refirió a una certificación donde el Ejecutivo establece que el proyecto de enmiendas a la reforma laboral no era significativamente inconsistente con el plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal. Añadió que también entidades del gobierno se expresaron en esa misma dirección.

“No una, sino dos entidades del gobierno certificaron que la medida no tenía impacto fiscal significativo. Es decir, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Tercero, se sometió un estudio sobre el impacto macro económico de la medida”, abundó el primer ejecutivo del País.

Aseguró que su administración está en “pie de lucha” para cuestionar y litigar varias cosas, comenzando con el hecho de que la ley “no tiene absolutamente nada que ver con los gastos o ingresos del gobierno”. “Es una medida dirigida exclusivamente al sector privado de nuestra economía”, defendió.

El gobernador dijo que la junta fiscal en ningún momento ni tan siquiera hizo el esfuerzo de justificar su decisión en este caso. “Nunca. Nunca ha dicho que tiene un impacto negativo en la economía y demás”, agregó Pierluisi, quien indicó que todo lo que ha pasado confirma el juicio de la Legislatura y el Ejecutivo.

En ese sentido, precisó que, desde que firmó la ley, el empleo, los recaudos y la economía han crecido sostenidamente. “Los hechos comprueban que teníamos y todavía tenemos la razón. ¿Dónde va a acabar esto? Va a acabar en una solicitud de revisión al Tribunal Supremo de Estados Unidos”, anticipó.

“Nosotros vamos a seguir en pie de lucha porque esa medida es una justa y razonable y, si acaso, a lo que propende es a lo que ha pasado: más empleos, más desarrollo económico y más recaudos para el gobierno de Puerto Rico”, indicó el mandatario, quien criticó de paso las acciones de la junta.

Afirmó que constantemente la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) está sometiendo ante la Junta los informes de impacto fiscal que tienen las medidas aprobadas en la Legislatura. “La junta hay veces que recibe informes, no es de su agrado y pide otro informe”, criticó.

“Se pasan pidiendo informes y nosotros hacemos el esfuerzo de cumplir con sus requerimientos, pero llega el momento en que uno dice ya y que entonces uno toma una decisión… Yo puedo respetar las decisiones de la junta, incluyendo las que difiero de ellas, pues también reclamo un respeto a la gestión de nuestra agencia fiscal que ha hecho una labor encomiable”, dijo.

¿Lo que usted quiere decir que a la junta fiscal no le gusta lo que el gobierno somete y sigue pidiendo?, preguntó un periodista. “Pasa eso, (pero) no siempre. Hay veces que sometemos informes y son recibidos y atendidos. Otra vez piden mayor información”, abundó el mandatario, a insistencias de la prensa.

Insensibilidad total

Asimismo, Pierluisi catalogó como una “insensibilidad total” que patronos quieran recobrar el pago del bono de navidad a los empleados que recibieron el beneficio debido a la implementación de la Ley 41. “La Ley estaba en pleno vigor y ahora vamos a la apelación. Ese es la situación desde el punto de vista legal”, dijo.

“El secretario del Trabajo se ha expresado a los efectos. Yo pienso que es una insensibilidad total el que haya patronos que después que les concedieron unos beneficios a su personal que ahora vengan a recobrarlos. Eso me parece una insensibilidad total”, mencionó Pierluisi.

Fuente: El Vocero

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