El gobernador Pedro Pierluisi presentó este martes una pieza legislativa que pretende reducir las tasas contributivas de individuos y corporaciones, entre otras iniciativas, con el objetivo de simplificar el sistema contributivo, ofrecer un alivio a la clase asalariada, hacer más competitivo a Puerto Rico y atraer gente a vivir en la isla.

Sin embargo, la iniciativa aún no cuenta con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pese a que fue anunciada por el primer ejecutivo a principios de febrero cuando aguardaba por varios estudios para entonces presentar la pieza legislativa. De ser aprobada la medida, aplicaría para el próximo año contributivo del 2024, es decir, los ingresos devengados durante este año natural, aclaró.

“Es que no hemos presentado el proyecto hasta el día de hoy, pero sí yo he tenido conversaciones con la Junta cuando nos reunimos para hablar sobre este tema en detalles. Faltaban los estudios. Hoy también se lo sometimos a la Junta así como el propio proyecto de ley”, afirmó el primer ejecutivo.

“Hemos conversado todos los aspectos de esta propuesta en detalle con los miembros de la Junta y su director ejecutivo, (Robert F. Mujica). Sí puedo decir que percibo que están receptivos. De igual manera, vieron con buenos ojos que se llevaran a cabo estos estudios”, abundó.

En síntesis, la medida legislativa propone reducir la tasa contributiva máxima de 33% a 30% que hoy día corresponde a personas con ingresos desde $61,500 en adelante. Mientras que los contribuyentes que devengan salarios anuales de $41,500 a $81,500 tributarán a un 24% y no a un 25%. Este renglón contributivo se amplió porque bajo el sistema contributivo actual, les aplica una tasa de 25% por ingresos de $41,500 hasta $61,500, se informó.

“Los contribuyentes que ganan más de esos $40,000 y particularmente los que ganan hasta como $81,000 (anuales) son los que están pagando el grueso de las contribuciones en Puerto Rico. Esa es gente trabajadora, clase media trabajadora en Puerto Rico que no han recibido beneficio alguno de parte del gobierno. Esos son los que en gran medida el patrono les descuenta todos los meses de su salario. Ahora les va a descontar menos”, destacó Pierluisi, quien se apoyó en los estudios comisionados para abogar ante la Legislatura por la aprobación de la medida.

Pierluisi se refiere a los estudios encomendados a las empresas Devtech Systems Inc. y Advantage Business Consulting Inc. y, en el que colaboró también Ankura Consulting Group, LLC, indicó el secretario de Hacienda, Francisco Parés.

“Los estudios han fundamentado nuestra propuesta validando el impacto positivo del proyecto en nuestros contribuyentes, en la economía y en el ambiente de negocios en la Isla y por eso ya el proyecto de ley está listo para radicarse. Los estudios económicos han determinado que aparte del beneficio claro que conllevan las reducciones en las tasas contributivas para individuos y corporaciones, las cuales representarán ahorros significativos para miles de contribuyentes, también las medidas de simplificación de cumplimiento impactarán grandemente la facilidad de rendir las contribuciones y el ambiente de hacer negocios en la isla”, apuntó el primer mandatario.

“Advanced Business Consulting estima en $111 millones los ahorros que tendrán los contribuyentes a la hora de rendir sus planillas con las medidas de simplificación, que incluyen la eliminación de ciertos informes de reconciliación, la reducción de informes anuales para corporaciones domésticas y extranjeras, la aceptación de la certificación de agricultor bona fide como requisito para el decreto de exención, la consolidación de informes a entidades exentas, y la facilidad de presentar su patente e impuesto municipal del IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso) a través del Departamento de Hacienda”, abundó.

Agregó que la empresa DevTech destacó en su estudio que “este alivio contributivo viene en el momento adecuado, ya que mitiga los efectos inflacionarios que estamos enfrentando a la vez que busca proteger al contribuyente de cualquier posible desaceleración de la economía. El estudio estima que, a corto plazo, la propuesta contributiva para corporaciones conlleva un estímulo económico de $140 millones durante el primer año, lo cual representa un 0.2 % del producto doméstico bruto. También estima en $200 millones adicionales el estímulo económico de la propuesta contributiva para individuos durante el primer año, representando 0.3% del producto doméstico bruto. Esto valida que esta propuesta contributiva impactará positivamente nuestro producto nacional bruto, proyectando un aumento de un punto porcentual”.

El gobierno ha estimado en $545.5 millones el impacto fiscal de esta medida. Unos $262.5 millones corresponden a los cambios contributivos propuestos para individuos.

Pierluisi precisó que el gobierno busca que su propuesta sea insertada en el plan fiscal -que evalúa la JSF y que debe aprobar antes del 30 de junio- porque se estima que habrá una recuperación de alrededor de un 50% del alivio contributivo concedido.

“Esto mitiga considerablemente el costo neto en los recaudos del fisco. Asimismo, los recortes contributivos se pueden asociar con un crecimiento de la población, de aproximadamente 15,000 personas adicionales en Puerto Rico”, indicó Pierluisi.

Parés, por su parte, precisó que ese estimado está cimentado en “metodologías que se han usado en otras jurisdicciones. Sí se hacen unas modificaciones para representar la realidad económica de Puerto Rico”. Agregó que las 15,000 personas que pudiese atraer la iniciativa a la isla pudiesen verse en cuatro a cinco años.

También la pieza legislativa contempla para las corporaciones sustituir el régimen combinado actual por un régimen mucho más simple y progresivo comenzando en una tasa de 17% para empresas con ingreso neto de hasta $275,000. Para negocios con ingresos desde $275,001 hasta $3 millones se propone una tasa de 27%, lo que representa una rebaja de 10.5% en la tasa contributiva. Por último, aquellos negocios con ingresos mayor a $3 millones quedarían sujetos a una tasa máxima de 33%. Actualmente, las corporaciones están sujetas a una tasa marginal de 37.5%, que se compone de una tasa de contribución normal fija de 18.5% y una tasa de contribución adicional marginal de hasta 19%.

Igualmente, contempla eliminar el IVU en la cadena de distribución, es decir, en la importación y la compra de inventario para la reventa. Pierluisi aclaró que esto no implica la eliminación del impuesto al inventario, un asunto que dejaron en manos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

“El impuesto al inventario es un impuesto municipal. El CRIM está trabajando para someter un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Yo he estado exhortando al CRIM a que así lo haga para modificar el impuesto al inventario. Reducir el impacto que tiene en los negocios que requieren mantener inventario”, señaló el gobernador.

La medida legislativa incorporó un proyecto de ley ya sometido por el primer ejecutivo y que aún está en discusión en la Legislatura. Se trata del proyecto presentado en enero pasado que enmienda el Código de Rentas Internas con el objetivo de aumentar los beneficios contributivos y contrarrestar los efectos de la inflación en los individuos a partir del próximo ciclo contributivo que arranca en abril próximo y en los sucesivos.

Fuente: El Nuevo Día

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