El gobernador Pedro Pierluisi firmó hoy, miércoles, la Orden Ejecutiva 2022-040 que crea el Programa de Banda Ancha en Puerto Rico con la meta de acelerar el acceso de la ciudadanía a conexiones de internet de alta velocidad y de bajo costo.

El mandatario indicó, mediante declaraciones escritas, que el nuevo programa se nutrirá de los $2,265 millones asignados mediante la Ley federal de Inversión en Infraestructura y Empleos de 2021. Dichos fondos se utilizarán para la construcción de infraestructura de banda ancha en la isla, como la instalación de fibra óptica.

El Programa de Banda Ancha será dirigido por un comité ejecutivo integrado por Enrique Völckers Nin, secretario auxiliar de la Gobernación para Innovación y Tecnología; Nannette Martínez Ortiz, directora interina del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, en inglés); y por tres representantes del Negociado de Telecomunicaciones, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y del Departamento de Hacienda.

Dicho comité también recibirá el insumo de un consejo asesor compuesto por funcionarios de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), de la Federación y Asociación de Alcaldes y de un representante de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones.

Pierluisi resaltó que los fondos estarán disponibles para empresas privadas y que se publicarán las guías y procesos para la solicitud del dinero en un portal informativo cuya dirección, de momento, no fue provista. La OGP coordinará, autorizará y ejecutará el desembolso de los fondos locales y federales asignados a Puerto Rico, aclaró el gobernador.

“El gobierno de Puerto Rico reconoce la importancia de la banda ancha en el desarrollo económico de la isla y sus municipios, por lo cual considera que es indispensable desarrollar un plan a corto, mediano y largo plazo para garantizar el acceso de este servicio a todos los ciudadanos”, enfatizó Pierluisi.

El Comité Ejecutivo tendrá, entre sus deberes y responsabilidades, coordinar con las agencias que se definan en el Plan Estratégico los términos y condiciones, así como los contratos, guías y documentos con los que todo solicitante y beneficiario de los fondos debe cumplir.

También entregará recomendaciones a Pierluisi sobre la distribución de fondos entre programas e iniciativas, promoverá acuerdos de colaboración con entidades federales y locales y referirá a la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro y a otras agencias pertinentes cualquier irregularidad detectada en el uso de fondos.

En el caso particular de la infraestructura relacionada con banda ancha, la ley federal estipula ciertos requisitos indispensables para el desembolso de los fondos a nivel estatal o territorial, incluyendo a Puerto Rico, tales como los relacionados con asequibilidad para familias de bajos ingresos.

También, provee para la otorgación de subvenciones a los estados y territorios para el despliegue de banda ancha a través de la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) y los Departamentos de Comercio y del Tesoro. Asimismo, amplía los proyectos elegibles a través de inversión privada, fomenta los esfuerzos de construcción de las redes de acceso y transporte (“middle mile” y “last mile”) entre los abonados y las compañías de telecomunicaciones, e implementa requerimientos de etiquetas de información (“nutrition labels”) en los servicios otorgados.

“Mantenemos un claro compromiso de construir la infraestructura necesaria mediante la implementación de planes de acción dirigidos a que dichos fondos sean utilizados debidamente y con premura para aumentar la calidad del servicio de banda ancha en la isla en aras de continuar cerrando la brecha digital para el beneficio de los sectores más desventajados”, añadió Pierluisi.

Según cifras del Banco Mundial provistas por el Informe sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones, en el 2019, un 78 por ciento de la población en Puerto Rico utilizaba el Internet. Mientras, en el 2020, casi 24 de cada 100 ciudadanos en la isla pagaban por una conexión de banda ancha fija.

Fuente: El Nuevo Día

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