La jueza Laura Taylor Swain expresó su frustración ayer tras escuchar que la Junta de Control Fiscal (JCF) tardará hasta el 16 de junio en certificar el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), documento que podría trastocar el itinerario del proceso de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la corporación pública.

“Estoy decepcionada al escuchar que el plan (fiscal certificado) tardará más de una semana en estar listo, tomando en consideración nuestro itinerario”, manifestó la jueza Swain.

El abogado de la junta fiscal, Martin Bienenstock, informó la fecha a la magistrada durante la vista ómnibus en la que se discutieron los reportes y reclamos relacionados a la quiebra de la AEE bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

Reducción en la carga eléctrica

A preguntas de la jueza Swain, Bienenstock explicó que parte del atraso en la certificación del plan fiscal se debe a que la información que brindó LUMA Energy apunta a una reducción en la carga eléctrica mayor a la anticipada.

“Estamos tratando de determinar si, aparte de esto, hay ahorros en gastos fijos y otros aspectos que no requerirán cambios en la sostenibilidad de la deuda. Desde que obtuvimos los datos estamos tratando de dilucidar el asunto”, abundó.

A insistencia de la corte sobre si esta nueva información cambiará significativamente las proyecciones de la corporación pública, Bienenstock respondió que “simplemente no tengo idea, mientras estoy aquí parado, sobre si esto va a causar algún cambio material sobre la sostenibilidad que explicamos en el ‘statement’ (escrito de divulgación)”.

Según Bienenstock, el proceso de certificación del nuevo plan fiscal se lleva a cabo este mes de junio debido a que Promesa y varias leyes del País requieren la aprobación de un presupuesto para el año fiscal que inicia en julio.

“No se realizó antes ya que esto hubiera requerido de cambios de rutina en muchas fuentes de datos”, insistió.

El abogado Mathew Madden, a cargo de la representación del grupo Ad Hoc de bonistas, planteó ante la corte que el escrito de divulgación de la versión enmendada del Plan de Ajuste está basado en el plan fiscal certificado de la AEE del 2022.

“¿Qué pasa una vez se certifique un nuevo plan fiscal? Hemos tenido correspondencia significativa sobre el asunto con la junta fiscal y la respuesta siempre ha sido que ‘Promesa establece que el PAD debe ser consistente con el plan fiscal’, pero si esto es así, ¿entonces requerirá (el Plan de Ajuste de la Deuda) de ajustes materiales? ¿Van a cambiar sus modelos?”, cuestionó Madden.

El representante legal de los bonistas señaló que la junta fiscal hizo mención de la aprobación de varios planes fiscales en el reporte que presentó para la vista, pero omitió informar que el plan fiscal certificado de la AEE estaría listo antes de la vista de confirmación.

“Si la junta fiscal pretende basar todo en la nueva información cambiaría mucho —incluyendo lo que sus expertos y testigos podrían decir durante la vista de confirmación— por lo que tenemos que prepararnos y tal vez requeriremos de descubrimientos adicionales de prueba con relación a esto y otros asuntos”, adelantó Madden, quien puntualizó que la vista de confirmación está pautada para llevarse a cabo del 17 al 28 de julio.

Ante la negativa del abogado de la junta fiscal de establecer si previo a la certificación del plan fiscal de la AEE para 2023 se podría determinar si los números relacionados a la carga eléctrica que informó LUMA Energy cambiarán los estimados, la jueza Swain ordenó que las partes se reúnan cuando esté listo el documento y que presenten una moción conjunta —a no más tardar del 21 de junio— en la que informen el impacto al proceso de confirmación y, de ser necesario, propongan enmiendas al calendario de trabajo.

Cobra insiste en los $99 millones

La magistrada Swain también le dio a la junta fiscal hasta el próximo miércoles, 14 de junio, para que presente un informe detallado y el tiempo que tardará la AEE y la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés) en evaluar las reclamaciones relacionadas al segundo contrato de la corporación pública con Cobra Acquisitions, durante la recuperación del sistema eléctrico tras el paso del huracán María, en 2017.

El abogado de Cobra, Abid Qureshi, defendió ante la jueza Swain la moción presentada por la compañía para levantar la paralización de litigios —‘stay’— con el fin de permitirles recuperar $99 millones.

“Ha sido demasiado tiempo y estamos cansados de solo obtener explicación tras explicación, inconsistente una de la otra, por parte de la junta. Después de cuatro años ahora nos dicen que tienen que hacer más evaluaciones, no ofrecieron un itinerario y dicen que están muy ocupados con la confirmación (del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE)”, argumentó Qureshi.

Aunque no tomó una determinación en torno a la petición de Cobra, la jueza Swain expresó que siente consternación por la situación.

Fuente: El Nuevo Día

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