La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) ha tomado control este martes de los procesos administrativos y operacionales de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), luego de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal hiciera repetidos señalamientos al funcionamiento de la Defensoría y que podrían resultar en la suspensión de los fondos que recibe la dependencia.

El director ejecutivo de la Aafaf, Christian Sobrino Vega, explicó a El Nuevo Día que la agencia ha intervenido luego de un pedido del secretario de la Gobernación a esos efectos. La junta de directores de la Aafaf aprobó tomar las riendas de la Defensoría mediante una resolución aprobada el pasado 16 de marzo.

Según la resolución, el pasado 4 de febrero, Salud federal escribió a la DPI para notificarle que se encontraba en incumplimiento con diversas normativas, por lo que la agencia federal determinó que en lo sucesivo no asignará fondos a la DPI y al Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo sino que desembolsará estos mediante reembolsos.

“Había una estructura de gobernanza que quizás no fue la más adecuada”, dijo Sobrino Vega a El Nuevo Día al explicar las razones que llevaron al patrón de incumplimiento señalado por Salud federal y que llevaron a considerar la dependencia como una entidad de alto riesgo para efectos de asignaciones federales.

“La AAFAF apoyará temporeramente y supervisará el aparato administrativo y financiero de la DPI para evaluar de inmediato las fallas y los señalamientos programáticos de las agencias federales y cumplir con los estándares requeridos”, explicó Sobrino Vega al subrayar que la intervención de la Aafaf en la DPI solo incidirá sobre las áreas administrativas de la agencia.

Como resultado, Sobrino Vega destacó que la intervención no afectará la prestación de servicios a la población discapacitada que se sirve de la DPI.

El también representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sostuvo que el proceso que se llevará a cabo en la DPI no tendrá un impacto significativo en el plan fiscal que se implementa, pero las medidas que se tomarán contribuirán a los objetivos de disciplina en el uso de fondos públicos.

La estructura de la DPI fue reorganizada con la Ley 158 de 2015, bajo la administración de Alejandro García Padilla. Como para de ese proceso, se determinó que la nueva dependencia contaría con consejo rector, un defensor y un director ejecutivo. La DPI cuenta con unos 60 empleados y opera con un presupuesto de unos $3 millones. De esa cifra, según el presupuesto recomendado del año fiscal en curso, casi $1.4 millones provienen de fondos federales.

Sobrino Vega sostuvo que la Aafaf tendrá a su cargo preparar un plan correctivo que permita a la DPI entrar en cumplimiento con Salud federal y evitar la suspensión definitiva de los fondos federales que se reciben para asistir a la población discapacitada de la isla.

“Lo que queremos evitar es entrar en una situación donde se impacten los fondos federales”, dijo Sobrino Vega al agregar que en el día se discutió con la gerencia de la DPI los pasos a seguir y se informó de la situación a los empleados.

Según el presupuesto de la DPI, hasta el 2010, existían en Puerto Rico unas 726,000 personas con algún impedimento.

Fuente: Ponen en sindicatura a la Defensoría de Personas con Impedimentos

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