Ciales – El presupuesto del próximo año fiscal será aproximadamente $300 millones mayor que el vigente, reveló este miércoles el gobernador Pedro Pierluisi, quien aludió a estimados que le adelantó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La actual partida de ingresos y gastos, que vence el 30 de junio, asciende a $12,739 millones y, actualmente, la Asamblea Legislativa atiende una resolución que le añadiría $260 millones, con el aval de la JSF, para proveer a la clase media y media alta asalariada un incentivo reintegrable.

“Algo que la Junta hizo, en estos días, es que nos acaba de entregar el estimado de ingresos que va a servir como base para el próximo presupuesto. Vislumbra un aumento de cerca de $300 millones para el Fondo General del gobierno y, también, un aumento para los fondos especiales”, afirmó Pierluisi.

Añadió que aún no tiene el desglose del nuevo presupuesto, porque la JSF no lo ha provisto, pero advirtió que el gobierno está impedido de equiparar los gastos con los ingresos recaudados.

“Nosotros vamos a estar sometiéndole un proyecto de presupuesto a la Junta, si mal no recuerdo, a mediados de marzo. Y la Junta es, a principios de mayo, que vendrá con su notificación de violaciones, como se le dice. Finalmente, vislumbro que será a final de mayo, tercera semana o algo así de mayo, que estará sometiendo el presupuesto a la Asamblea Legislativa”, explicó, al culminar su participación en la Feria de Servicios Gubernamentales Fortaleza por Puerto Rico, realizada en Ciales.

Insiste en el incentivo para mayo

Sobre el incentivo reintegrable, Pierluisi dijo que espera que el asunto sea atendido en la Cámara de Representantes, “tan pronto retome sus trabajos”, la próxima semana. La resolución conjunta que viabiliza su repartición fue aprobada en la Cámara y, al ir al Senado, sufrió enmiendas, por lo que debe ser traída nuevamente al primer cuerpo.

El mandatario se mostró confiado en que el alivio pueda entregarse lo más pronto posible, porque el Departamento de Hacienda ha seguido confeccionando las guías para ello. “En Hacienda, siguieron haciendo el trabajo, preparándose para que se pueda pagar el incentivo reintegrable en algún momento en el mes de mayo. Esa es mi meta”, expuso.

De otra parte, Pierluisi mencionó que ve con “buenos ojos” que se establezca un tope al impuesto al inventario. Pero, aclaró que no favorece se elimine el impuesto al cabo de seis años, como propone un proyecto bajo discusión en la Asamblea Legislativa.

“Ese impuesto al inventario no se puede eliminar de un día para otro, sin identificar otro mecanismo para proveerles a los municipios los ingresos que faltarían. Yo espero que se enmiende”, expreso, en referencia al Proyecto de la Cámara 1798, aprobado ya en ese cuerpo y que congelaría, por seis años, el impuesto al inventario.

“Fue un proceso bien meticuloso”

En tanto, el primer ejecutivo sostuvo que no fue objeto de discusión con la JSF el tema de la Ley 80 de 2020, que permitirá que, a partir de abril, se retiren 1,130 empleados del gobierno con una pensión vitalicia y plan médico, luego de que sus puestos se declararan como no esenciales.

Sobre la posibilidad de que un grupo de funcionarios demande al gobierno alegando que la selección de los participantes fue arbitraria, Pierluisi respondió: “Si pasa eso, el tribunal decidirá”.

“Lo que puedo decir es que (la selección de los empleados) fue un ejercicio meticuloso, cuidadoso. Claro, quien tuvo la última palabra en esto fue la Junta. Lo tengo que admitir porque, a fin de cuentas, la Junta supervisa el gasto del gobierno, incluyendo para propósito de retiro”, afirmó.

A través de un recurso especial de acceso a la información pública sometido ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, los empleados públicos, de cinco agencias, exigen al gobierno documentos precisos del proceso que siguió, de la mano de la JSF, para declarar –inicialmente– 1,146 cargos gubernamentales como no esenciales.

La diferencia en la cifra final y la inicial, de acuerdo con el gobernador, surge “porque había discrepancia en cuanto a si eran esenciales o no eran esenciales”.

El martes, el gobierno y la JSF presentaron al Tribunal Federal la estipulación final del caso, porque la Ley 80 de 2020 fue anulada, en mayo de 2022, a petición de la JSF, que argumentó, en ese momento, que la legislación aumentaba “sustancialmente los costos” sobre los mermados sistemas de retiro del gobierno, “sin que haya ninguna solución sobre cómo pagarlos”. El gobierno y la Junta pactaron aprobarla parcialmente solo para esta ocasión.

Pierluisi defendió la selección de los empleados beneficiados. “Eso fue un proceso bien meticuloso, básicamente, para identificar los puestos no esenciales. Se llegó a un acuerdo con la Junta”, puntualizó el gobernador.

Fuente: El Nuevo Día

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