El Tribunal de Apelaciones de Boston ratificó el plan de ajuste (POA, en inglés) que aprobó en 2019 la jueza federal Laura Taylor Swain para reestructurar la deuda de $17,000 millones de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), tras haber desestimado tres impugnaciones presentadas en contra del documento.

Según la opinión del tribunal, las objeciones al POA se debieron haber presentado al tribunal durante el proceso de evaluación para la aprobación del documento y no tras haber sido certificado. Enfatiza que si después de aprobado hay razones para ser objetado, las partes en contra deben pedir remedios a la corte para que la impugnación no se torne académica.

El POA de Cofina fue aprobado por la jueza Swain en febrero de 2019 y representa la reestructuración del 24% de la deuda de sobre $17 mil millones con los bonistas. Destina el 5.5% de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para el repago a los acreedores y da acceso a cerca de $425 millones anuales —por los próximos 40 años—, dinero que el gobierno utilizaba previamente para pagar la deuda.

El tribunal determinó que ninguno de los objetores —cuyas impugnaciones fueron tratadas en conjunto— pidieron al tribunal del Título III que suspendiera esa aprobación en espera de una apelación. Incluso, enfatizan que la primera apelación se produjo seis días después de que el plan entrara en vigor.

“Cuando el tribunal del Título III finalmente aprobó el Plan, los objetores no presentaron una moción de suspensión, ni en el tribunal del Título III, ni en este tribunal. Tampoco trataron posteriormente de acelerar la apelación… En resumen, no han hecho nada más que buscar diligentemente evitar que terceros generen intereses de confianza en la confirmación del Plan”, aseguró el tribunal.

El plan certificado intercambia los bonos que ascendían a $17,000 millones, por otros con un valor de $12,000 millones y que fueron aprobados por la pasada Legislatura. El tribunal sostuvo que no dio paso a las impugnaciones porque los argumentos se basaron únicamente en que los nuevos bonos emitidos con el POA son ilegales, mientras que bajo el proceso de Título III se habían resuelto las reclamaciones y los litigios relacionados al intercambio.

El apelativo enfatizó que el documento está cuidadosamente equilibrado, altamente reticulado y no ofrece ningún componente independiente relevante que pueda modificarse para satisfacer a los objetores. “Todos sus argumentos se basan en que los bonos recién emitidos son ilegales. Por lo tanto, negamos como injusto y poco práctico el alivio solicitado por los objetores…”, afirmó el tribunal.

Dejaron claro que el POA de Cofina —el primero en ser alcanzado bajo el Título III de Promesa— no debe ser revocado porque “constituye un importante avance en la recuperación económica de la Isla”. “La reversión del plan en esta fecha tardía inevitablemente socavaría la confianza en la capacidad de las partes involucradas en el Plan para lograr esa recuperación”, sostuvo el foro.

Carlos Yamín, director ejecutivo de Cofina, indicó que “la Junta Independiente de Directores de Cofina y su gerencia están complacidas con la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de ratificar el Plan de Ajuste de Cofina en vista de que reafirma la exitosa restructuración de la Corporación”.

Fuente: El Vocero

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