Los nuevos datos surgen en una comunicación cursada al Senado en respuesta a un requerimiento de información del presidente Thomas Rivera Schatz
El estimado de recaudos por la eliminación de la exención tributaria a los equipos solares y eléctricos, según contemplado en el proyecto de reforma contributiva ante la Asamblea Legislativa, pudiera alcanzar los $165 millones anuales, según números revisados presentados por el equipo fiscal del gobierno al Senado.
El aumento en los ingresos al fisco por esa partida, sin embargo, podría reducirse a $107.6 millones si se toma en consideración una potencial baja de un 35% en la demanda por estos artículos, reconocieron los titulares de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) en el documento de 29 páginas que forma parte de un requerimiento de información del Senado para continuar la consideración de la propuesta del Ejecutivo.
“Basado en la metodología utilizada para el estimado de recaudos, este es uno conservador y se estima sea uno constante para los años 2026 a 2031″, lee parte de la carta en la que el componente fiscal responde 10 preguntas puntuales del Alto Cuerpo.
“La información presentada demuestra que la estrategia fiscal y presupuestaria del gobierno para el período bajo evaluación responde a un marco de planificación ordenado, basado en datos verificables, controles formales y proyecciones prudentes”, agrega la comunicación.
De aprobarse la legislación, según presentada, la derogación de la exención del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en equipos solares y eléctricos comenzaría a partir del 1 de julio. En la comunicación, el grupo sostuvo que los sistemas de placas solares arrendados se mantendrían libres del pago de ese gravamen.
Originalmente, el equipo fiscal estimó el incremento en recaudos en $18 millones. Esa cifra, según la carta, se obtuvo del Informe de Gastos Tributarios publicado por el Departamento de Hacienda para el año 2023, pero información “actualizada” de las planillas mensuales del IVU sometidas a través de SURI por los comerciantes importadores reflejó el nuevo panorama.
Para el estimado, se informó, se consideró únicamente la porción del IVU estatal.
El 23 de enero, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cursó una carta al componente fiscal del gobierno para que entregara documentación sobre los intercambios que han sostenido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en torno a la llamada reforma contributiva, así como las proyecciones de impacto al erario que la medida tendría los próximos años.
También solicitó una “lista detallada y documentada de todas las recomendaciones” que la JSF haya hecho al gobierno sobre la propuesta reforma. Requirió, asimismo, la entrega de copias de documentos relacionados con reuniones y los modelos que detallen el impacto de la reforma hasta el año fiscal 2030-2031, entre otros.
Dichos datos fueron publicados este jueves por el Senado en su portal electrónico.
Más ajustes
El incremento de $30 millones a $50 millones que originalmente se había estimado por concepto de la eliminación de la exención de arbitrios a vehículos híbridos también sufrió cambios. Según la “revisión”, dicha acción podría generar un aumento en ingresos de $102 millones.
Para esta nueva cifra, se tomaron en consideración datos actualizados de las reclamaciones de reintegro que someten, tanto los individuos como los traficantes de vehículos de motor ante el Negociado de Impuesto al Consumo. Basado en las reclamaciones recibidas y procesadas, durante el 2025 (año natural) se importaron 5,975 unidades de este tipo, para un total de $119 millones dejados de recaudar en contribuciones.
“Se estimó una potencial reducción en las ventas de vehículos eléctricos e híbridos eléctricos en un 14%, lo que genera un potencial aumento en ingresos fiscales de $102 millones”, lee el documento.
Tras los contratiempos en la evaluación de la medida, la gobernadora Jenniffer González presentó una propuesta alterna para que los individuos elegibles reciban “un cheque de alivio contributivo” en este ciclo contributivo, mientras la Legislatura continúa con la evaluación de los proyectos que forman parte de la segunda etapa de la reforma. Esa legislación ya es ley, y se discute actualmente con la JSF.
FUENTE: El Nuevo Día
