El organismo federal señala que el proyecto podría acelerar la inversión privada y reducir obstáculos al desarrollo económico en Puerto Rico
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no mostró reparos con el proyecto que propone la llamada reforma de permisos, asegurando que la medida de la administración de Jenniffer González Colón es consistente con el plan fiscal.
En una carta enviada este jueves a Carlos “Johnny” Méndez Nuñez, presidente de la Cámara de Representantes, la JSF subrayó que el Proyecto de la Cámara (PC) 1213, como está redactado, no tendría impacto fiscal, puesto que puede implementarse con los recursos existentes del presupuesto del gobierno.
“El PC 1213, según está redactado, incluye reformas específicas al proceso de permisos necesarias para fomentar el desarrollo económico en Puerto Rico. Durante décadas, el proceso para obtener permisos de construcción y operación de negocios ha sido considerado un obstáculo para el desarrollo económico”, lee la evaluación, firmada por Robert F. Mujica, director ejecutivo de la JSF.
El PC 1213, entre otras cosas, crearía un nuevo Código de Planificación y Permisos, con el que se reemplazaría el marco legal actual en un mismo estatuto, derogando 15 leyes de permisos, enmendando 29 adicionales y armonizando 29 leyes especiales, según la comunicación.
“Actualmente, el proceso es lento y complicado, involucra múltiples partes interesadas y agencias gubernamentales, y con frecuencia requiere un nivel significativo de documentación y varias reiteraciones para completar una solicitud”, señala la carta.
La JSF sostuvo que la incertidumbre en el sistema de permisos, las regulaciones complejas y la falta de actualización de los mapas de uso de terrenos han provocado retrasos significativos en la tramitación de solicitudes.
Según el organismo, estas deficiencias tienen un impacto directo en el costo y la facilidad de hacer negocios en Puerto Rico, que continúa teniendo uno de los sistemas de permisos más costosos y restrictivos entre las jurisdicciones de Estados Unidos, limitando la inversión y el crecimiento económico.
Asimismo, la medida modificaría los procesos y deberes que ahora ejercen los municipios y agencias como la Junta de Planificación, para atenderlos dentro de la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
También, modificaría la actual Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la renomina como la Oficina Central de Permisos (OCP).
“La implementación de reformas como las contenidas en el PC 1213 es consistente con los objetivos del plan fiscal de atraer inversión privada, impulsar el crecimiento económico y permitir que Puerto Rico compita con ciudades de Estados Unidos continental y otras jurisdicciones cercanas. En particular, el plan fiscal requiere reformas para reducir el tiempo, los procedimientos y los costos necesarios para obtener permisos”, reza el documento de la JSF.
De acuerdo con la misiva, el plan fiscal identifica cinco acciones específicas relacionadas con la reforma de permisos: actualizar los planes territoriales; reformar el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos; implementar procedimientos estándar en distintas oficinas de permisos; facilitar solicitudes más eficientes y mejoras tecnológicas al Portal Único de Negocios; y cumplir con los requisitos del Programa de Subvenciones de Mitigación de Riesgos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).
A juicio de la JSF, el código propuesto apoyaría directamente a la ejecución de infraestructura crítica, el uso de fondos federales de reconstrucción y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Además, proyecta que los beneficios macroeconómicos del PC 1213 aceleraría la inversión privada y aumento en los recaudos de impuestos corporativos, patentes municipales e y el Impuestos sobre Ventas y Uso (IVU).
Para garantizar la viabilidad de la medida, la JSF le indicó a la Asamblea Legislativa que se asegure que la medida sea neutral en términos presupuestarios, que permita la recuperación de costos, que establezca revisiones periódicas de tarifas y que requiera la publicación de métricas fiscales y operacionales.
Además, la JSF planteó la necesidad de que antes de que se apruebe el proyecto contenga uniformidad regulatoria, mecanismos de trazabilidad digital, supervisión independiente y herramientas efectivas para atender posibles casos de inacción administrativa.
“Se advierte que esta es una revisión preliminar sobre las reformas estructurales propuestas. La Junta no puede confirmar en este momento el impacto fiscal del Proyecto. De aprobarse, el Gobernador deberá someterlo conforme a la sección 204(a) de (la Ley) Promesa”, subrayó el organismo.
FUENTE: El Nuevo Día
