El Gobierno de Puerto Rico celebró la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que declaró el lunes que los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal son constitucionales.

El Gobierno de Puerto Rico había respaldado la posición asumida por el procurador general de los Estado Unidos que acudió al Tribunal Supremo federal defendiendo la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta porque, si se declaraban inconstitucionales serían igualmente inconstitucionales todos los gobernadores que han sido electos en la historia de Puerto Rico y todos los nombramientos que esos gobernadores han hecho.

“Nos complace que el Tribunal Supremo haya reconocido que, tal como argumentamos, las disposiciones constitucionales que protegen los derechos civiles en controversia aplican plenamente a los ciudadanos de Puerto Rico”, dijo Omar Marrero, representante del Gobierno ante la Junta de Control Fiscal en declaraciones escritas a preguntas de NotiCel.

“El Tribunal Supremo reconoció también que Puerto Rico está sujeto a la cláusula territorial de y, como tal, el gobierno de Puerto Rico puede ser alterado unilateralmente por el Congreso. El Tribunal Supremo reconoció, además, que la Junta de Supervisión Fiscal es una entidad puramente local y que sus poderes están definidos exclusivamente en PROMESA”, agregó el funcionario.

Marrero, quién además es el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), dijo que “el Gobierno continuará defendiendo sus poderes y prerrogativas en el proceso conforme a PROMESA, argumentará que se deben interpretar de manera limitada los poderes de la Junta de Supervisión Fiscal y continuará trabajando para reestructurar las deudas de Puerto Rico”.

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