El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, se reunirá esta semana con un grupo de abogados para finiquitar los detalles de un recurso que se presentará ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston contra el fallo que emitió la jueza Laura Taylor Swain con el cual declaró nula la Ley 41 de 2022 de Reforma Laboral.

El líder cameral destacó que la apelación no riñe con lo que la jueza Swain estableció en la conclusión de su orden de prohibir al gobernador y personas que estén en participación activa con el Ejecutivo de tomar cualquier acción para ayudar a privados a implementar o hacer cumplir la ley.

“Aquí la pelea no es una de legitimidad, sino que es una de admisibilidad. Lo que vamos a reclamar es que, si después de haber cumplido con los términos, se puede volver a evaluar la medida”, explicó el legislador por el Partido Popular Democrático (PPD), quien adjudicó la anulación de la reforma a que tanto la magistrada como la Junta de Control Fiscal “están fomentando un cambio estructural y de disciplina en el gobierno de Puerto Rico”.

Hernández destacó que la jueza Swain basó su fallo en un aspecto meramente procesal al destacar que el Ejecutivo no incluyó un análisis sobre el impacto fiscal de la medida, lo que es un requisito de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) y no entró en los méritos de la ley.

“Nuestro argumento va a subsanar la debilidad del Ejecutivo y por esa razón tenemos legitimidad para reclamar esto en apelación. Vamos a reclamar porque queremos que se vea el documento”, sostuvo el líder de la Cámara al mencionar el informe que preparó la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), la cual crea un documento admisible en un tribunal de cada medida evaluada por la Legislatura.

La reunión entre el presidente cameral y los abogados se realizará este miércoles y servirá para establecer un plan de trabajo basado en la información que los juristas logren recopilar.

“Hay pasos a seguir a futuro”, insistió Hernández, quien no descartó llevar su reclamo a la capital federal.

Sobre la omisión de la información por parte del gobierno, el representante catalogó el incumplimiento como “un veto por inacción” y que dicha acción corresponde a una estrategia para hacer ver a los integrantes de la junta fiscal como “los malos”.

“El secretario del Trabajo (Gabriel Maldonado González) fue vago en su contestación al decir que va a evaluar la situación porque lo que está aquí es que la administración fue vaga a propósito, ya que no creía en darle más recursos a los trabajadores, hace un flaco servicio en la defensa de la legislación y al final del día es una forma tácita de vetar la medida”, reclamó Hernández, quien mencionó que la Junta de Gobierno del PPD aprobó una resolución para respaldar la determinación de su delegación cameral de recurrir a los tribunales.

Aafaf también apelará

Por su parte, el director ejecutivo de Aafaf, Omar Marrero, aseguró a EL VOCERO que el gobierno apelará la decisión de la jueza Swain, al tiempo que trabaja para identificar “otras maneras de estimular el mercado laboral”.

El también secretario del Departamento de Estado catalogó la Ley 41 del 2022 de reforma laboral como una buena medida y anticipó que “el pueblo de Puerto Rico se verá afectado por su anulación”.

“Cabe señalar que la opinión del Tribunal no cuestiona que la Ley 41 sea buena para los mercados laborales de Puerto Rico. Tal como sometió el gobierno al Tribunal y certificó el Departamento de Hacienda, es indiscutible que la Reforma Laboral no tiene impacto directo alguno sobre los recaudos del Fondo General. Al contrario, a casi nueve meses de aprobada la reforma laboral, la tasa de desempleo, la tasa de participación laboral, la economía de Puerto Rico y los recaudos del Gobierno Central siguen creciendo”, sostuvo Marrero.

El funcionario se limitó a indicar que está “en desacuerdo con la conclusión del Tribunal sobre la suficiencia de las certificaciones de Sección 204 provistas por el gobierno”, en reacción a los señalamientos de la jueza Swain y aprovechó para hacer un llamado a la Legislatura para que “previo a la aprobación de legislación, se trabaje y realice un nivel de análisis más extenso y profundo para asegurar el cumplimiento con el marco legal establecido en Promesa”.

Fuente: El Vocero

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