A una semana de que caduque el plazo otorgado a la Junta de Control Fiscal para someter un tercer plan de ajuste (POA, por sus siglas en inglés) para la deuda constitucional, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, aseguró que no apoyarán el documento si vislumbra recortes adicionales a las pensiones de los retirados gubernamentales.

En febrero del pasado año, el organismo regulador radicó un POA que buscaba reducir la deuda gubernamental y otras reclamaciones de $35,000 millones a $11,000 millones, pero se vio obligado a regresar a la mesa de negociación. La junta tiene hasta el 10 de febrero para someter ante la jueza federal Laura Taylor Swain —quien preside el caso de quiebra de la Isla— un nuevo POA para la deuda con los acreedores de deuda garantizada o su bosquejo.

A pesar de que el enfoque del nuevo gobierno es ponerle punto final a la quiebra y ha estado participando en el proceso de mediación, Marrero dejó claro que no tolerarán ningún recorte a los pensionados, por lo que de someterse un POA que así lo dicte, no darán paso a ninguna legislación que facilite su aprobación.

“La política del gobierno es cero recortes a las pensiones, así que el hecho de que estemos participando activamente de la mediación no significa que hemos claudicado en eso. Los beneficios de los pensionados ya se han visto afectados significativamente, por lo que eso se debe tomar en consideración en el POA”, enfatizó el funcionario.

Aunque la administración de la entonces gobernadora Wanda Vázquez —de la que Marrero también formó parte— avaló en septiembre de 2019 una reducción de 8.5% en las pensiones de los retirados que devengan más de $1,200 al mes, y a que el organismo regulador aún vislumbra tal reducción, el titular de la Aafaf señaló que ante el recrudecimiento de la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, estos recortes no resultan viables.

“El POA que apoyamos en septiembre de 2019 daba el mecanismo para restaurar un recorte, lo que resultaba viable. En este momento, la realidad es que no podemos apoyar algo como eso porque las condiciones económicas no son iguales y no sabemos si se podrán restaurar esos recortes”, explicó.

Marrero recalcó que aunque el gobierno mantiene una política de colaboración con el ente fiscal y tiene el mejor interés de acabar con el Título III (quiebra) de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), está dispuesto a correr el riesgo de que la jueza Swain desestime el proceso de bancarrota para no continuar afectando a los pensionados.

“Estamos trabajando de cerca con la junta y la realidad es que estamos colaborando como se supone que sea y como la jueza federal requirió. El punto más neurálgico son las pensiones. Siempre han sido el punto de contención. Con esta incertidumbre de la pandemia, no vamos a dejar a los más vulnerables con menos recursos”, aseguró.

En cuanto a los recortes que podrían recibir los retirados del sector privado que invirtieron sus ahorros en bonos del gobierno para preservar las pensiones de los empleados públicos, el director ejecutivo de la Aafaf detalló que estos consintieron y estaban al tanto del riesgo que corrían, mientras que los empleados gubernamentales nunca autorizaron a que la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) emitiera bonos con sus ahorros.

“Podemos llegar a un plan con apoyo de los acreedores y que sea confirmable. Tratando de honrar la obligación moral con los más vulnerables, tenemos que tomar decisiones difíciles que incluyen tratar a unos acreedores de una manera y a otros de otra. Entendemos que es lo correcto”, agregó Marrero.

El funcionario enfatizó, además, que hasta el momento se han logrado reestructurar $23,000 millones de los $72,000 millones en deuda que mantiene el gobierno central, lo que representa una reducción de 30%.

En jaque la AEE

Por otro lado, Marrero detalló que como parte de la agenda de la Aafaf para los primeros 100 días del nuevo gobierno, revisará el acuerdo de reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) alcanzó en mayo de 2019 con un grupo de bonistas para reducir $3,000 millones a la deuda de $9,000 millones que mantiene. El análisis para su aprobación ha sido aplazado en nueve ocasiones por la jueza Swain, de las cuales seis han sido por petición de la junta. Ante la demora, Marrero afirmó que el acuerdo podría quedar sin efecto. De ser así, representaría la segunda ocasión en que un RSA acordado para la AEE no progresa.

“Esta es la segunda reestructuración más importante. Para el 10 de marzo tenemos que darle una actualización del RSA a la corte… Las proyecciones macroeconómicas sobre las cuales se apoya el plan fiscal de la AEE se tienen que revisar. Si este acuerdo se fundamenta en ello, también hay que revisarlo”, acotó el titular de la Aafaf.

Fuente: El Vocero

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