Tras seis años sin pagar deudas, el gobierno de Puerto Rico vuelve a cumplir con sus compromisos financieros bajo la nueva estructura del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), que permite cumplir con las obligaciones, que las pensiones estén garantizadas y que culmine lo que se ha catalogado como la quiebra pública más grande y compleja en Estados Unidos.

El PAD, que también incluye la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), reestructura principalmente las obligaciones generales del gobierno, que ascendieron a $34,000 millones y las reduce a $7,400 millones. Esa reducción implica que 6.5 centavos de cada dólar recaudado por el gobierno será para el pago de deuda.

Al año, el pago fijo será $1,150 millones, en lugar de $3,900 millones si no hubiese mediado la reestructuración al amparo del Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés). Los pagos serán semianuales, con el primero el próximo 1ro de julio y el siguiente el 1ro de enero de 2023, ambos bajo nuevos bonos pagaderos hasta 2048.

Ese monto del servicio a la deuda incluye las obligaciones reestructuradas del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

No obstante, los recortes alcanzados se dan a cambio de una serie de transferencias de dinero que el gobierno comenzó a ejecutar desde ayer y que beneficiarán tanto a bonistas como a otros componentes locales que levantaron reclamos.

Por una parte, los bonistas reciben un pago en efectivo de $8,267 millones, mientras que otros $1,491 millones van a depósitos a ser realizados a jubilados del gobierno que son participantes del Sistema 2000, aquellos con retiro bajo las leyes 1 y 447 y a la reserva de pensiones.

Van dirigidos también a atender otros reclamos que se levantaron ante la corte de Título III, como los de Centros de Salud Primaria 330 y las vaquerías. Otros $200 millones van a una reserva para pagar reclamaciones no aseguradas contra el gobierno que no se han resuelto.

Para el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, lo más favorable que representa el PAD es que al cabo de todas las transacciones la caja del gobierno permanece con un sobrante significativo.

“Todo esto se logra con una reducción de casi del 80% de las reclamaciones del gobierno central. Permite también que el fisco permanezca en una situación de liquidez histórica que no se ha tenido en la historia de Puerto Rico. Alrededor de sobre $1,000 millones va a tener el fisco disponible, aparte de $750 millones para la reconstrucción, $1,300 millones al fondo de reserva que se está creando, así que la realidad es que se tiene una flexibilidad operacional desde el punto de vista fiscal que no se ha tenido en mucho tiempo y obviamente nos permite volver al mercado de capital”, detalló Marrero ayer durante una mesa redonda con los medios de prensa escrita.

Los cambios al retiro

En cuanto al retiro, todos los empleados del gobierno se ubicarán en el sistema de aportaciones definidas que estableció la Ley 106 de 2017. Según el PAD, a partir de hoy se prohíbe que durante la próxima década el gobierno imponga sistemas de retiro de beneficio definido, para evitar el colapso de sus finanzas.

El jefe de la Administración de Sistemas de Retiro (ASR), Luis Collazo, explicó que para los 36,000 participantes de Ley 1 y Ley 447 se le crearán cuentas de aportación definida de Ley 106 y se le depositarán $2,600. En total, será un desembolso de $93 millones.

Para los 64,000 participantes y beneficiarios del Sistema 2000, Collazo indicó que se les restituirán las aportaciones que el gobierno no honró, al igual que los intereses devengados, y se depositarán en sus respectivas cuentas de Ley 106. Dijo que los participantes de este sistema recibirán pronto una carta con el balance de aportaciones y de intereses y habrá espacio para atender cualquier reclamación.

“Se les da un periodo, que es hasta el 16 de mayo de 2022, para que hagan algún tipo de reclamación. Si el participante entiende que el balance no es correcto, pues que pueda hacer una reclamación y que la Junta de Retiro lo pueda atender”, sostuvo Collazo.

Por otra parte, el PAD congela el programa de beneficios definidos de los jueces y los maestros, aunque se preservan los beneficios cotizados y trabajados hasta hoy, para trasladarlos al sistema de Ley 106. Además, los maestros y los jueces menores de 45 años podrán cotizar al Seguro Social.

“Para esto ya hemos creado alrededor de 370 cuentas del plan 106 para los jueces y alrededor de 21,000 cuentas para los maestros”, precisó Collazo. Indicó que los depósitos se reflejarán en la primera quincena de abril.

Informó que antes de que entrara en vigor el PAD, la ASR recibió unas 26 solicitudes de pensión de jueces activos. De haberse retirado posterior al 15 de marzo, hubiesen perdido beneficios como bono de Navidad, bono de medicamentos y pensión de viuda.

En cuanto a los maestros, la cifra de solicitudes de pensión ascendió a 2,800 entre los meses de noviembre, diciembre y enero.

“Sí, fue un número un poco mayor a lo que vemos todos los años, que son alrededor de 1,800, 1,900. Pero no podemos perder de perspectiva que ya se estaba hablando sobre la cercanía de la confirmación del PAD como tal”, manifestó Collazo.

Nuevas reglas para emitir deuda

Según Marrero, los acontecimientos recientes han provocado una recepción positiva en los mercados de capital. Y aunque considera que la Isla ya está preparada para retornar a ese mercado -un objetivo estatutario de la ley Promesa-, hay medidas para evitar prácticas del pasado que endeudaron al País.

El gobierno solamente podrá emitir deuda para proyectos capitales, deberá comenzar a amortizar el principal en los primeros cinco años y la cuantía a emitir está limitada al 7.94% de los ingresos del año anterior. No podrá emitir deuda para cuadrar déficits o para pagar deuda vencida.

“Todo está incluido en el límite de 7.94%. Entiéndase toda deuda que se emita por entidades -que está garantizada por el fisco o por impuestos- y esto incluye cualquier entidad que no se ha creado, pero se pueda crear en el futuro. Así que no va a haber duda de qué deuda se incluye en ese límite”, expresó Marrero. Dijo que no retornarán al límite de deuda constitucional de 15%.

Por su parte, la saliente directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, sostuvo que las transacciones que se ejecutan hoy no representan el retorno del gobierno a los mercados de capital.

“Yo argumentaría que no, esto no es acceso al mercado todavía y necesitamos hacer un par de cosas. Primero necesitamos estados financieros auditados al día. No creo que el mercado aceptará la emisión de nuevos bonos sin tener estados financieros precisos y al día”, sostuvo Jaresko.

Fuente: El Vocero

‍