Líderes de distintos sectores económicos identificaron la baja participación laboral y los asuntos energéticos como dos de los principales retos para el logro de la libertad económica y la competitividad de Puerto Rico.
El subsecretario auxiliar del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Humberto Mercader, enfatizó en la necesidad de invertir en el talento de la Isla, lo que permitirá a Puerto Rico desarrollar la creación y evolución tecnológica que esté a la par con otros estados y países.
“Yo creo que el presidente (de la UPR, Luis A. Ferrao) es una de las personas más importantes en el gobierno de Puerto Rico. Lo digo, porque tenemos unas iniciativas bien agresivas para desarrollar talento digital y técnico”, expresó Mercader, durante el foro Análisis de la Libertad Económica y Competitividad de Puerto Rico, organizado por el Capítulo de Egresados de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico.
El funcionario reiteró la dificultad de hacer negocio —ease of doing business— en Puerto Rico, causado mayormente por el requerimiento de múltiples permisos, asuntos que previamente el secretario del DDEC, Manuel Cidre, ha señalado.
“Reconocemos que el ‘ease of doing business’ es el dolor de cabeza de todos en el departamento, desde el tema de permisos hasta el tema de reglamentos. Todo lo difícil que tiene echar un negocio hacia adelante, pero debo decir que el tema de ‘ease of doing business’ requiere de mucho esfuerzo tanto de legislatura como del sector privado”, enfatizó Mercader.
Otro reto que expuso el funcionario fue la fragilidad de la infraestructura energética de la Isla, por lo que han fortalecido su Oficina de Política Pública Energética, que persigue ayudar en la eficiencia de las inversiones para el sistema de energía.
“En la parte de energía hemos sido bien agresivos en ayudar a empresas a facilitar el que inviertan en energías más resilientes, pero reconocemos que dado a la debilidad que tenemos en Puerto Rico en ese sector (de infraestructura energética), tenemos que ser un poquito más productivos”, destacó Mercader.
Sobre la situación, Segundo Castro, catedrático en la Escuela Graduada de la Facultad de Administración de Empresas de la UPR en Río Piedras, insistió que uno de los renglones que afectan la competitividad de la Isla es el costo de energía eléctrica.
De acuerdo con la estructura de costos en las empresas de bienes y servicios en Puerto Rico, el gasto por energía eléctrica abarca entre un 15% y un 30% del total. “Nosotros tenemos el costo más alto de todos los estados (de Estados Unidos) con excepción de Hawái. Eso es un tema serio que tenemos que atenderlo, es urgente”, dijo Castro.
Asimismo, el catedrático insistió que se debe tomar acción para aumentar la tasa de participación laboral, debido a que en los últimos cinco años “no hemos pasado del 41%” de participación.
Al respecto, Mercader indicó que uno de los factores que afecta la tasa de participación laboral es la creciente participación de los consumidores en la economía informal.
No obstante, Castro señaló que el aumento en la economía informal puede ser una respuesta al alto costo de los impuestos para los comerciantes.
“Nosotros hicimos una correlación, a medida que los impuestos aumentaban, está estadísticamente comprobado que la economía informal aumentaba significativamente”, dijo el catedrático, quien precisó que la economía subterránea representa el 33% del Producto Interno Bruto (PIB).
En tanto, Jorge Rodríguez, fundador del Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico (ILE), señaló que otro de los retos para la economía son las regulaciones del mercado laboral, atadas a las transferencias federales para ayudas como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), donde no te exige entrar a la fuerza laboral.
“Puerto Rico es el único, junto con las Islas Mariana y Guam, que todavía tiene el bloque de transferencia federal que no le exige que trabajen, a personas que son hábiles para trabajar y no tienen dependientes. El problema es que trabajas para poder alimentarte, así que para mí esa política de que mantengas a alguien que puede agenciarse moralmente en la sociedad y no lo tiene que hacer porque se le atienden sus necesidades básicas es un problema”, acotó Rodríguez.
El ejecutivo insistió en que se realice el cambio del PAN al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), el cual les exige a sus beneficiarios trabajar.
Fuente: El Vocero
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