El Departamento de la Vivienda solicitó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) una partida adicional de $6.2 millones, en el presupuesto para el próximo año fiscal 2024-2025, dirigida a, entre otras cosas, darle continuidad a una serie de programas que proveen asistencia a población vulnerable, como veteranos y adultos mayores.

El presupuesto recomendado para Vivienda, el próximo año fiscal, asciende a $3,351 millones, una cifra que representa un incremento de más de $1,954 millones, que se refleja, principalmente, en la partida de fondos federales. En cuanto al impacto al fondo general, hay una disminución de $18 millones, se informó este martes en una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que evalúa el presupuesto de las agencias.

De los $6.2 millones solicitados, $500,000 irían dirigidos al programa de ayuda de materiales para la rehabilitación de viviendas y $1.4 millones, para cubrir los pareos federales en los programas “Continuum of Care” y “Community Development Block Grant”, este último, para asistencia a los municipios.

“Aunque continuamos brindando las ayudas a través de nuestros fondos de ingresos propios, entendemos que, para este año fiscal, es necesaria una asignación de fondos de, al menos, $500,000, para que las mismas no se vean afectadas”, dijo el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, en referencia al programa para la compra de materiales de reconstrucción.

Otra partida de $500 mil sería utilizada en la adquisición de generadores eléctricos para tres oficinas regionales de Vivienda, y los restantes $3.7 millones estarían dirigidos a la otorgación de subsidios para el arrendamiento de vivienda a veteranos y la realización de mejoras a viviendas para adultos mayores de bajos ingresos.

“Se pone en riesgo la subvención, porque es parte del requisito”, advirtió Rodríguez sobre el escenario posible de no lograrse la asignación adicional dirigida a cubrir los pareos exigidos por el gobierno federal.

Respecto a fondos federales disponibles para la otorgación de vales para la adquisición de sistemas de energía alterna, aseveró que el dinero dispuesto a estos fines ya se agotó, pero señaló que hay otros programas similares que estarían disponibles a través del Departamento de Energía federal.

Trabajos en 72 proyectos de vivienda pública

Por otra parte, el jefe de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Alejandro Salgado Colón, resaltó que el presupuesto recomendado para el próximo año fiscal, que se inicia el próximo del 1 de julio, es de $740.6 millones. Un 99.6%, o $737.5 millones, provienen de fondos federales.

En cuanto a los fondos de recuperación por desastre, Salgado Colón explicó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) ha estimado los daños causados por el huracán María, en 2017, al inventario de vivienda de la AVP en $2,289 millones. Esta suma incluye $635.9 millones para medidas de mitigación de riesgos.

A este cálculo, explicó, FEMA le redujo $822 millones, por lo que la cantidad obligada es de $1,467 millones.

Los trabajos por realizarse con los fondos obligados por FEMA incluyen la impermeabilización de techos, pintura exterior, reparación de áreas recreativas y de edificios de administración, y el reemplazo de luminarias y puertas exterior, entre otros. “Durante el año fiscal 2024-2025, proyectamos realizar trabajos de recuperación en unos 72 proyectos de vivienda pública, con una inversión de unos $95.4 millones”, detalló.

Además, se comenzarán los trabajos de diseño para otros 132 proyectos, con una inversión de $62 millones.

Bajo el programa de vivienda pública, la AVP administra 54,066 unidades distribuidas en 328 residenciales públicos, incluyendo la isla municipio de Vieques.

Mientras, bajo el programa Sección 8, la AVP administra 12,878 vales, incluyendo aquellos asignados a proyectos particulares dirigidos a, por ejemplo, veteranos, entre otras poblaciones.

El presidente de la Comisión Hacienda de la Cámara, el representante Jesús Santa Rodríguez, recalcó que el propósito de las vistas públicas es evaluar el presupuesto de todas las agencias, para luego sentarse con el gobernador Pedro Pierluisi y la Junta de Supervisión Fiscal a definir aquellas áreas en las cuales podrían persistir diferencias.

“Nuestra meta es aprobar un cuarto presupuesto balanceado, que sea aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, y firmado por el señor gobernador, pero, sobre todo, validado por la Junta”, subrayó Santa Rodríguez.

Fuente: El Nuevo Día

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